Entre los investigados en esta causa derivada de la denominada ‘Operación Beautiful’ a quienes el juez propone juzgar figuran los responsables de la organización, Juan Ramón García Crespo y Juan Andrés Cabeza Pedrada, el exjefe de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco) en Alicante Francisco Javier Méndez Oliva, su hermano y su esposa, así como los miembros de las mercantiles utilizadas para dar curso legal al dinero de procedencia ilícita.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, de 132 páginas, el juez explica que se trata de una pieza separada que se desglosó de la principal, por la que ya fueron procesadas 79 personas en noviembre de 2021 por delitos de tráfico de droga y organización criminal. Ahora, en esta pieza separada, Calama señala que para no incurrir en un ‘bis in idem’ respecto del delito de organización criminal, se acusa de este delito solo a los 15 que no fueron procesados en la pieza principal por este tipo penal.

La resolución del juez relata todo un entramado mercantil constituido en torno a la figura de Juan Ramón García Crespo como responsable de una organización criminal dedicada a una actividad sistemática de blanqueo de capitales, junto al resto de líderes de otras ramas en Alicante, Valencia, Barcelona y Galicia para llevar a cabo el tráfico ilícito de drogas.

Con este objeto, añade el magistrado, diseñó, implementó, dirigió y ordenó una estructura de sociedades mercantiles, situando al frente de las mismas a una pluralidad de personas con diferentes cometidos y grados de responsabilidad, que van desde los meros testaferros que cobran por acto concreto, hasta quienes asumían actividades gestoras, financieras o inmobiliarias.

TESTAFERROS

Entre los indicios que evidencian que los titulares de las diferentes sociedades mercantiles operaban como meros testaferros, así como su interconexión, y subordinación a García Crespo, destacan la escasa o nula capacidad económica de muchos de los testaferros, algunos con precarias condiciones laborales anteriores, otros con una baja situación social, residiendo algunos de ellos en pisos o centros tutelados por la Comunidad de Madrid para personas sin recursos económicos

Se trataba de un negocio diversificado donde la principal actividad pivotaba entorno a empresas de compraventa de vehículos y en especial la mercantil Design Cars dirigida de manera subrepticia por Juan Andrés Cabeza Pedrada. Un negocio pantalla, según el magistrado, “que utilizaba la organización facilitando la operativa logística de vehículos para el transporte de la sustancia estupefaciente o para el uso habitual del resto de integrantes de la misma, así como para facilitar a través de este negocio de vehículos de lujo, actividades de blanqueo de capitales mediante las cuales blanquea los ingentes beneficios obtenidos del narcotráfico”.

En relación con el Inspector Jefe Francisco Méndez Oliva, quien durante una década ostentó un puesto de mando en el ámbito de la investigación contra el tráfico de drogas en la provincia de Alicante, el instructor relata que sus contactos con Juan Andrés Cabeza Pedrada han sido permanentes desde 2012 y que la organización se aprovechaba de este agente de policía para recabar información y cobertura.

La investigación acredita el blanqueo de capitales desarrollado por Méndez Oliva y Cabeza Pedrada en la operativa y adquisición y venta de vehículos Land Rover en operaciones gestionadas por el inspector en las que su esposa figuraba como titular de los vehículos comercializados. El auto se basa en las intervenciones telefónicas registradas para concluir que esta investigada era plena conocedora de los negocios formalizados en su nombre.

El magistrado señala que Francisco Javier Méndez y su esposa “disponían de una masa patrimonial muy superior y totalmente desvinculada de su renta global acreditada como lícita, hecho del que se infiere no solo la posible introducción en el circuito legal de dinero de procedencia desconocida, sino también la adquisición de bienes y servicios de cierto valor a través de pagos en metálico”.

La resolución acuerda el sobreseimiento provisional para cuatro de los investigados y el archivo definitivo para un quinto y da un plazo de diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral con la presentación del escrito de acusación o bien solicite el sobreseimiento.