Calviño acude a su última reunión de ministros después de cinco años y medio como titular de Asuntos Económicos. Aterrizó en el primer Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, procedente de la Comisión Europea, donde ejercía desde 2006 como directora general de Presupuestos.

Durante los cinco años y medio que ha estado al frente de la cartera de Economía su mandato ha estado marcado por la pandemia. Calviño ha visto el PIB desplomarse un 11,2% en 2020 y elevarse un 6,4% en 2021 y un 5,8% en 2022, tras las revisiones por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), envueltas en críticas. Mientras, la deuda pública ha escalado hasta llegar al 120% del PIB en el año de la pandemia, tasa que ya está por debajo del 110%, y la inflación ha llegado a subir hasta el 10,8% tras la guerra en Ucrania.

En este contexto, ha sido la encargada de negociar con Bruselas el plan de recuperación por la crisis del covid, que culminó con la aprobación de más de 160.000 millones de euros divididos entre transferencias y préstamos de los que ya se han recibido 37.300 millones de transferencias y se ha obtenido luz verde de Bruselas para recibir casi 95.000 millones en préstamos mediante la adenda al plan.

Estos recursos están asociados a una serie de reformas como la de pensiones y en materia laboral que han generado fricciones dentro del Ejecutivo, particularmente con Yolanda Díaz, de la cuota de Podemos en el Gobierno inicialmente y ahora de Sumar. Entre esos roces, Calviño ha tenido un ascenso dentro del Ejecutivo desde la vicepresidencia segunda a la primera, al tiempo que Díaz lo ha tenido de la vicepresidencia tercera a segunda.

Su mandato tampoco ha estado exento de choques con la oposición parlamentaria a propósito de los fondos europeos y la tardanza a la hora de que estos recursos llegaran a las regiones. Precisamente la semana pasada, Calviño compareció en el Congreso de los Diputados para explicar que el 90% de los 37.000 millones de fondos europeos recibidos han sido adjudicados.

También han sido criticada por el paso de su secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, a la presidencia de Patrimonio Nacional, y el nombramiento, finalmente fallido, de su marido en ese mismo organismo.

Al margen de los fondos y los choques políticos, Calviño ha acordado con la banca durante su mandato en Economía un nuevo código de medidas hipotecarias para familias en riesgo de vulnerabilidad, que se suma al que se creó en 2012 para vulnerables, y que ahora se amplía a familias que ganen hasta 38.000 euros anuales desde el límite actual de 29.400 euros, sin que los anteriores paquetes hayan sido muy usados por las familias en estos dos últimos años de subidas de los tipos de interés.

Pese a este entendimiento con el sector, también ha habido confrontación por el impuesto extraordinario a la banca que se encuentra recurrido en los tribunales por parte de las entidades y que Calviño defendió sobre el argumento de que la subida de los tipos de interés ha generado beneficios “extraordinarios” para las entidades. Ahora, la propia Calviño ha avanzado que se revisará porque “las circunstancias han cambiado”, dado que el mercado descuenta bajadas de los tipos el año que viene.

Calviño pone ahora rumbo a Luxemburgo para presidir el BEI, que es el brazo inversor de la UE, desde el 1 de enero y por un periodo de seis años. Ha llegado su oportunidad después de que en 2019 intentara sin éxito presidir el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se sumará a otros españoles que ocupan actualmente un puesto en el entorno institucional comunitario como son Luis de Guindos, vicepresidente del BCE; José Manuel Campa, al frente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), y Pablo Hernández de Cos, actual gobernador del Banco de España y presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Deja acordadas a nivel político las nuevas reglas fiscales por los 27 ministros de Economía y Finanzas de la UE, así como pedido el cuarto pago de fondos europeos y aprobada la adenda con la correspondiente agenda de reformas e inversiones, mientras el nuevo ejercicio comenzará sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).