Calviño se verá con el sector para hablar del nuevo impuesto a la banca diez días después de que el nuevo tributo fuera anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo busca recaudar 3.000 millones de euros en 2022 y 2023 gravando a las entidades que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

En un encuentro previsto para las 12.00 horas, Calviño se reunirá con los responsables de la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc); con representantes de los grandes bancos como el presidente de BBVA, Carlos Torres; de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; del Sabadell, Josep Oliú, y el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, además de con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

De momento, apenas se conocen detalles del impuesto y algunas informaciones apuntan a que se gravará con un 5% las comisiones e intereses. Desde el Gobierno se ha trasladado que se articulará un mecanismo para evitar que se repercuta en los ciudadanos.

Desde su anuncio, el Gobierno viene argumentando que es el momento de que los bancos "arrimen el hombro" por "responsabilidad social", ante el coste de la guerra, el alza de los precios y el contexto de subida de tipos de interés que generará más ganancias para los bancos. De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) aprobó ayer, jueves, la primera subida en 11 años, de 50 puntos básicos con los que sacó los tipos del terreno negativo.

El sector adelantó su rechazo al nuevo impuesto al señalar que "no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria" y que la subida de tipos es una "normalización de la política monetaria, tras una década ultra expansiva, y que no podemos anticipar su impacto neto en los balances de las entidades”, en palabras de un portavoz de la CECA.

También se pronunció el presidente de BBVA, Carlos Torres, quien afirmó en una entrevista con el diario 'El Correo' que puede "acabar afectando negativamente" al consumo, a la inversión, al crecimiento y a la recaudación, y la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, avisó ayer mismo de que batallará si encuentra "resquicios" legales para evitar pagar el impuesto por considerarlo "injusto".

Además del impuesto a la banca, la vicepresidenta primera y el sector tratarán la situación macroeconómica y las perspectivas en un momento en el que la inflación sigue al alza y existe riesgo de que haya un corte total del suministro de gas a Europa por parte de Rusia.

También hablará de la inclusión financiera en una semana en la que precisamente las patronales bancarias han firmado un acuerdo con Correos para llevar efectivo a través de los carteros a unas 650.000 personas que habitan en zonas rurales con dificultades para disponer de servicios bancarios básicos como es tener efectivo.