Así lo confirmaron desde el Ministerio que dirige Calviño a Servimedia, después de que lo adelantara 'El Periódico de Cataluña'.

Se trata de la reunión de seguimiento de la que Calviño ha dicho en varias ocasiones que se produciría en junio y similar a la que se convocó en marzo.

Entonces, Calviño se reunió con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el mayor Carlos San Juan, impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, y con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). En ese encuentro se hizo balance de la atención a mayores y de los dos códigos hipotecarios -el reformulado de 2012 para hipotecados vulnerables y el nuevo para hipotecados en riesgo de serlo-. Calviño avanzó que se habían recibido 9.000 solicitudes de adhesión a los dos paquetes de medidas, lo que suponía multiplicar por 15 la media mensual de las peticiones al código tradicional de 2012.

La propia patronal AEB cifró unos días después en 9.000 las solicitudes en estudio y algunos bancos han dado datos de las que les constan de sus clientes, apuntando que, de momento, son pocas. El pasado mes de abril, Santander indicó que tenía en estudio 1.400 solicitudes, CaixaBank cifró en 4.300 las recibidas y Sabadell, en 700.

El Banco de España hizo público un cálculo en abril y situó la cifra de hogares que podrían beneficiarse del nuevo código en 193.000, y para el código tradicional reformado, unos 76.000, si se toman las tasas de adhesión efectiva del pasado.

El propio Ministerio admitió entonces que la cifra de beneficiarios de los códigos que estimó cuando se acordaron, de hasta un millón de hogares, “pudiera ser finalmente inferior” por las medidas de mejora de rentas aprobadas por el Ejecutivo y por la bajada de la inflación.

Asufin envió el mes pasado una carta dirigida a Calviño advirtiéndole de que la existencia de un aval en la hipoteca supone “una barrera de entrada” a las medidas, lo que estaría motivando que las solicitudes sean menores de las esperadas, y le pidió que tome medidas para cambiarlo.

Además, Calviño y la banca tienen pendiente el despliegue de oficinas, cajeros, ofibuses y agentes, y en última instancia, cajeros de marca blanca, para municipios de más de 500 habitantes donde no existe atención presencial a los clientes. En octubre del año pasado, el Gobierno y el sector llegaron a un acuerdo y se dieron seis meses para su implantación, ampliables a otros seis.