La sesión estuvo presidida por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, y contó con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo.

Durante el encuentro, se subrayó el impacto que los automatismos de imputación y la excesiva duración de las instrucciones penales tienen sobre la actividad de las empresas, especialmente cuando los procedimientos se prolongan sin llegar a una acusación formal. A este respecto, Enrique Arnaldo recalcó la necesidad de reducir el automatismo imputador para evitar que la apertura de una causa penal se convierta, de facto, en una condena anticipada.

El magistrado del TC explicó que, desde una óptica constitucional, la imputación prolongada genera efectos punitivos, reputacionales y económicos "difícilmente reversibles", lo que "tensiona la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". Asimismo, insistió en que existe una "falta de conciencia" del perjuicio que supone prolongar procedimientos cuando no hay base suficiente e indagó en la conveniencia de "dotar de garantías y criterios claros" a quienes instruyen estos asuntos.

En la sesión, también se insistió en la necesidad de mejorar la previsibilidad y la agilidad del sistema para evitar la ‘pena de banquillo’ en compañías que cuentan con programas de cumplimiento serios y eficaces.

ANALISIS DE LA EFICACIA

Tras la intervención del magistrado, se dio paso a un coloquio con los miembros del Grupo de Trabajo en Materia de Cumplimiento, en el que participaron los responsables de cumplimiento y servicios jurídicos de las empresas como Iberdrola, El Corte Inglés, Técnicas Reunidas e Inditex, y se plantearon instrumentos prácticos que ayuden a jueces y fiscales a evaluar, de forma temprana, la eficacia de los sistemas de cumplimiento.

En esta línea, el Grupo de Trabajo defendió que "contar con un mecanismo verificable y aceptable por todos, ayudaría a separar rápidamente los casos en los que hay indicios de incumplimiento de aquellos en los que la compañía ha actuado diligentemente y coopera con la investigación".

Asimismo, se puso el foco en la colaboración entre empresas y autoridades y se indicó que si una compañía investiga, documenta y remite a la Fiscalía una investigación interna completa, ese esfuerzo debería traducirse en seguridad jurídica.

Esta sesión se enmarca en los trabajos que el Grupo viene desarrollando desde su constitución en mayo de 2024 con el propósito de contribuir a que las investigaciones penales contra empresas se desarrollen con "agilidad y previsibilidad" para "mitigar el riesgo de parálisis operativa y el elevado coste reputacional y económico que, a menudo, conllevan las imputaciones prolongadas, incluso cuando no concluyen en acusación".

El Grupo de Trabajo, presidido por Iberdrola, está desarrollando un ciclo de conferencias con los operadores jurídicos y empresariales con el objetivo de promover una cultura ética empresarial que priorice la prevención de delitos y la identificación de buenas prácticas de cumplimiento normativo.