Así lo confirmó el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, en una carta enviada este lunes en respuesta a una misiva remitida por Pérez Bueno el día 8 de noviembre en la que solicitaba la incorporación de nuevas modalidades de accesibilidad para las próximas campañas institucionales del Plan 2024 de Publicidad y Comunicación Institucional de la AGE.

En su comunicación, Vallès aseguró al presidente del Cermi que tanto la Secretaría de Estado de Comunicación como el Gobierno “en su conjunto” están “firmemente comprometidos en garantizar una información pública accesible para toda la ciudadanía” y le informó de que la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional de dicha Secretaria de Estado dirigió a principios de mes a los subsecretarios de los ministerios una nota informativa relativa a los nuevos requisitos normativos en materia de accesibilidad aplicables a la publicidad y comunicación institucional, con el ruego de que le dieran “difusión” para que las nuevas exigencias normativas que entrarán en vigor en enero “se tengan en cuenta en el marco de la elaboración y difusión de las campañas de las que son promotores” también todos los organismos y entidades adscritos a dichos departamentos ministeriales.

En paralelo, le explicó que la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales se puso “a disposición” de los organismos responsables en materia de publicidad institucional la “experiencia y conocimiento” en la materia del Real Patronato sobre Discapacidad, para que “todos” los ministerios y organismos promotores de las campañas institucionales puedan solicitar “colaboración”, con el fin de “prever e incluir” en sus respectivas campañas las “exigencias previstas normativamente en materia de accesibilidad universal”.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno le recordó en su carta que se trata de una “demanda” del sector de la discapacidad y puntualizó que la reciente Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, ha modificado el artículo 5 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, en lo referido a las condiciones de accesibilidad de estas campañas, “ampliando las medidas de accesibilidad hasta ahora existentes”.

GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

En concreto, dicho artículo, destinado a la accesibilidad a las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, establece que se “garantizará” el acceso a la información a las personas con discapacidad.

En virtud de dicho artículo, las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de la AGE deberán contar con “subtitulado, interpretación en lengua de signos y audiodescripción” y “promoverán los formatos que aseguren la accesibilidad cognitiva”.

“Estas prestaciones de accesibilidad universal se atendrán a las respectivas normas técnicas que resulten de aplicación y serán obligatorias para las campañas emitidas desde el 1 de enero de 2024”, prosigue el artículo.

A este respecto, el presidente del Cermi subrayó que, desde la aprobación de la Ley 11/2023, vigente este mandato, las campañas de publicidad y comunicación de la AGE “deben incorporar”, además del subtitulado, exigible desde 2005, como “medidas adicionales” la interpretación en lengua de signos, la audiodescripción para personas con discapacidad visual y “avanzar” en formatos de accesibilidad cognitiva.

En este sentido, defendió que esta modificación legal “en favor de la accesibilidad universal”, planteada por el Cermi y asumida por el Legislador, pretende “ampliar los públicos” de la publicidad institucional de la AGE “superando exclusiones” que “venían sufriendo discapacidades como la visual, la intelectual o la del desarrollo, que no tenían garantizado este derecho”.

“Habida cuenta de este nuevo marco legal de exigencia”, en su carta pidió al secretario de Estado que trasladase a la Comisión de publicidad y comunicación institucional de la AGE la “necesidad” de que se incorporen estas nuevas modalidades de accesibilidad y que así constase en el próximo Plan anual de publicidad y comunicación de la AGE de 2024.

En paralelo, le recordó que en el seno de la AGE existen organismos como los distintos Centros Dependientes del Real Patronato sobre Discapacidad que pueden “asesorar y acompañar” en la implantación técnica de estas medidas que juzgó “novedosas”, además del propio Cermi, que está a “disposición” de la Secretaría de Estado para llevar a cabo dicha implantación.