En la sesión de control al Gobierno, Escrivá ofreció estos datos en respuesta a una pregunta del senador del Grupo Popular Emilio José Navarro, quien le pidió información sobre los traslados y criticó que el Ministerio lleve cinco años sin convocar la conferencia sectorial de inmigración.

Escrivá asumió la responsabilidad sobre los inmigrantes adultos repartidos por la península, puesto que “es competencia estatal”. En cambio, los menores “dependen de las comunidades autónomas”, que "no se han puesto de acuerdo más que para acoger a 400", lamentó.

Por otro lado, el ministro contestó que no ha convocado ninguna conferencia sectorial de inmigración hasta ahora porque “nadie lo ha pedido”. "Nunca, nunca, nunca", declaró. Ni siquiera la solicitaron ante algunos "episodios extraordinariamente agudos" de llegadas de inmigrantes, como los más de 190.000 ciudadanos que huyeron de Ucrania tras la invasión rusa, insistió.

Según Escrivá, la acogida de los refugiados ucranianos sí tuvo "un impacto muy grande" en los servicios de educación y de salud de las comunidades autónomas, pero no sucederá igual con los migrantes que entran en Canarias (unos 15.000 en octubre), vaticinó.

EL HIERRO

En la misma sesión, el senador Aniceto Javier Armas, de Agrupación Herreña Independiente, denunció la situación en la isla de El Hierro, a la que han llegado unos 10.000 inmigrantes en lo que va de año (su población total ronda los 11.000 habitantes).

El ministro defendió que hoy en día no quedan “prácticamente inmigrantes” en la isla de El Hierro, porque se trasladan de inmediato a otras ubicaciones. "Desgraciadamente”, sí permanecen unos 300 menores no acompañados, porque "las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo en cómo ejercer la solidaridad con Canarias", criticó.

Armas pidió al Gobierno que designe a una autoridad única en materia de migración y a un director insular de la Administración del Estado en la isla, pues no hay un representante del Ejecutivo allí desde agosto.

Además, reclamó establecer “un mando único con capacidad de decisión" en el puerto de La Restinga y contratar "todos los servicios sanitarios" que necesitan los recién llegados con Cruz Roja, o bien enviar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Escrivá admitió “la legitimidad” de las demandas y se comprometió a “ir canalizándolas”.