Según su sentencia, no existiría fuera del cártel propuesto "una competencia suficiente para evitar que las navieras coordinadas adquieran una posición de dominio en el mercado en cuestión", por lo que ha resuelto que las tres empresas actúen con total independencia.

La pretensión de las navieras ha contado con la oposición de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo y aéreo de la misa provincia, y de la Confederación de Industriales Tabaqueros de Canarias.

Estos comunicaron al Tribunal que sus intereses quedan mejor protegidos por la libre competencia, ya que explicaron que las empresas solicitantes cuentan con protección suficiente, ya que el mercado interinsular está reservado al pabellón nacional y se necesita autorización administrativa previa a la entrada de nuevas navieras.