Sugirió, en consecuencia, la apicación de programas de erradicación del fraude fiscal y, en referencia a la intención del Gobierno de recortar el déficit en 900.000 millones de pesetas durante 1996, recalcó que no es posible luchar contra ese problema sólo a base de reducir gastos. "Si eso se plantea así", advirtió, "siempre hay un costo que genera desigualdades y, además, no se puede impulsar la economía de nuestro país sin la inversión pública".

A su juicio, la presión fiscal está mal repartida, ya que mientras los trabajadores ctizan sobre una base impositiva declarada de unos dos millones de pesetas, los empresarios declaran 1,1 millones.

Solicitó además una reconsideración general de ayudas a las empresas, por entender que en muchos casos son un "despilfarro", y pidió que se condicionen a la creación de empleos.

Sobre las críticas de los sindicatos de la función pública al acuerdo de la Administración con los facultativos de hospitales, dijo que "no es justo que el acuerdo de los médicos lo pagen el conjunto de los trbajadores de la Administración porque aquí hay un escalada del disparate, como por ejemplo que les paguen los días de huelga, cosa que no pasa con el resto de trabajadores".