En dicha comisión estarán representados los ministerios de Economía, Industria, Educación y Obras Públicas, bajo la coordinación directa de Cascos, que fue solicitada por varios miembros del Grupo Parlamentario Popular hace dos días ante la alarma que había producido el anuncio de la firma del protocolo eléctrico, e el que se ponía fecha al cierre de varias minas.

El Gobierno pretende presentar el plan de reestructuración como un paso positivo en el camino de modernización de las zonas afectadas, Asturias principalmente, y evitar las connotaciones negativas que conlleva la reforma minera.

A partir de ahora, el Ejecutivo transmitirá su intención de promover la reindustrialización de las regiones mineras, con aportaciones de Economía que aún están por determinar; un importante desarrollo de infraestructuras pra favorecer los intercambios económicos y la implantación de planes específicos de formación para mineros en activo y para jóvenes de las cuencas, de manera que tengan una reorientación profesional.

El diseño del proyecto correrá a cargo del Ministerio de Industria, cuyo titular, Josep Piqué, está perdiendo protagonismo público en las negociaciones que se mantienen entre Administración y sindicatos, como consecuencia de la polémica levantada por la eventual firma del protocolo eléctrico. De hecho no izo acto de presencia hasta el último momento en la reunión celebrada en la noche del miércoles, que fue llevada por parte del Gobierno por Nemesio Fernández Cuesta, secretario de Estado de Energía.

Según indicaron fuentes gubernamentales a Servimedia, entre los planes de Industria no figura el cierre de las minas de León, puesto que se trata en su mayoría de explotaciones a cielo abierto y pueden llegar a ser competitivas en seguridad y precios respecto a la producción internacional.

El Gobierno sin embargo, está convencido de que el cierre de Hunosa es inevitable, aunque está dispuesto a suavizar en lo posible las repercusiones económicas y sociales, para lo cual está diseñando el citado plan de choque.

Los fondos para financiar este proyecto del Ejecutivo provendrían en parte de la venta de empresas públicas prevista para el próximo año y podrían alcanzar, según fuentes del Gobierno, los 300.000 millones de pesetas.

Piqué, que se ha encontrado en el ojo del huracán de esta polémica, y ha informado al presidente castellano-leonés, Juan José Lucas, de su voluntad de no cerrar las minas leonesas y discutió con él las reformas necesarias para hacer más rentables las explotaciones.

A raíz de la crisis del sector minero, el presidente del Gobierno conoció las quejas de varios diputados del Grupo Popular que desayunaron con él en Moncloa el pasado martes y durante la tarde del lunes esos mismos parlamentarios acorralaron a Piqué en una reunión convocada por Alvarez Cascos en la sede del artido.