Cárceles

Las cárceles españolas han impedido 129 intentos de fuga desde 2015

MADRID
SERVIMEDIA

Las cárceles españolas han registrado un total de 129 intentos de evasión frustrados entre el 1 de enero de 2015 y el 10 de marzo de este año, con un total de 187 internos implicados en estos incidentes a lo largo de la última década.

Así figura en un informe enviado al Portal de Transparencia por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, en respuesta a una solicitud de información.

Los datos facilitados muestran que el número de centros penitenciarios diferentes afectados por intentos de evasión osciló entre los seis de 2016 y 2017 y los 13 en 2021. En cuanto a las secciones abiertas, el máximo de centros afectados fue de cinco en 2019, mientras que en varios años no se registró ningún intento.

De acuerdo con este informe al que ha tenido acceso Servimedia, desde 2015 se produjeron 112 intentos de evasión en centros penitenciarios cerrados y 17 en secciones abiertas. El organismo precisó que los datos "son susceptibles de ser modificados conforme a la documentación que se pueda recibir".

El año con mayor número de intentos de fuga fue 2021, cuando se contabilizaron 17 intentos de evasión en centros penitenciarios y dos en secciones abiertas, con un total de 39 internos implicados. Le siguió 2023, con 16 intentos en centros cerrados y dos en secciones abiertas, que involucraron a 27 reclusos.

DÉCADA BAJO LA LUPA

Los datos revelan que entre 2015 y 2025 se registraron 129 intentos de fuga frustrados en total, con 170 internos protagonistas de intentos en centros cerrados y 17 en secciones abiertas. El año 2025, con datos hasta el 10 de marzo, registró un único intento de evasión en un centro penitenciario con un solo interno implicado.

En 2015 se produjeron nueve intentos de evasión en centros penitenciarios con 12 internos implicados, además de dos intentos en secciones abiertas con otros dos reclusos. En 2016, las cifras fueron similares: 10 intentos en centros cerrados con 12 internos y un intento en sección abierta con un interno.

Durante 2017 se registraron siete intentos de evasión en centros penitenciarios con 12 internos implicados, sin ningún intento en secciones abiertas. En 2018, los intentos ascendieron a 13 en centros cerrados con 17 internos y dos en secciones abiertas con dos reclusos.

El año 2019 contabilizó 10 intentos de fuga en centros penitenciarios con 15 internos y cinco intentos en secciones abiertas con otros cinco reclusos. En 2020, marcado por la pandemia, hubo 11 intentos en centros cerrados con 14 internos y dos en secciones abiertas con dos internos.

En 2022 se produjeron 11 intentos de evasión en centros penitenciarios con 16 internos implicados y un intento en sección abierta con un recluso. El año 2024 registró siete intentos en centros cerrados con nueve internos, sin ningún intento en secciones abiertas.

NO REVELAR LOS CENTROS

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aporta estos datos tras denegar el desglose centro a centro de los intentos de evasión, al considerar que "su divulgación afectaría seriamente a la seguridad de los establecimientos penitenciarios". El organismo argumentó que dar carácter público a estos datos supondría un riesgo para las instituciones.

El organismo dependiente de Interior indica que facilitar esa información "supondría el riesgo de colocar a las instituciones penitenciarias en una situación de vulnerabilidad que comprometería seriamente la función pública que desempeñan". Agrega que ello pondría "en compromiso los planes y estrategias de seguridad".

La Secretaría General invoca el artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013 de Transparencia para justificar la denegación parcial de la información, al estimar que "implicaría un perjuicio para la seguridad pública". Esta circunstancia ya fue tenida en cuenta por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Expediente 925-2023.

El documento, firmado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, añade que contra la resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses.

También se puede presentar, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes. En ambos casos, el plazo se cuenta desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, fechada el 13 de marzo de 2025.

(SERVIMEDIA)
28 Dic 2025
NBC/mjg