Dacio Alonso, portavoz de UCE, señaló en rueda prensa que estos datos demuestran que la vivienda y el teléfono son los sectores "donde se manifiesta el mayor nivel de subordinación e indefensión de los consumidores". De cada diez quejas recibidas, tres eran d vivienda y dos de telefonía.

El portavoz de UCE señaló que, aunque el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, la realidad es que la labor de proporcionar pisos recae en promotores y constructores que "sólo responden a la lógica del beneficio", lo que ha elevado los precios a niveles de "escándalo".

A su juicio, la situación actual del mercado de la vivienda, con un 92% libre y sólo un 8% protegida, ha situado los márgenes de beneficio de los contructores y promotores por encima del 30% y ha elevado sustancialmente las ganancias de los bancos, todo ello a costa del endeudamiento de las familias, que ahora tienen que dedicar el 60% de sus ingresos a pagar el piso.

En relación al uso del suelo público, Alonso señaló que sería especialmente lamentable que "el dinero público que las administraciones ponen al servicio de los ciudadanos para favorecer el acceso a la vivienda se lo lleven por la vía del sobreprecio promotores y constructores", cobrado de más, en dinero negro, en las promociones de viviendas protegidas.

Alonso denunció también la indefensión jurídica y económica de los usuarios de la telefonía en España, como consecuencia de los "fraudes generalizados" en los denominados servicios de tarifación adicional, que se realizan a través de los prefijos 803, 806, 807 y 907.