Así lo indicó en su participación en la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario de Esade Alumni bajo el título ‘Ley de Vivienda un año después: avances y retos’, pese a que desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez se viene demandando que el resto de comunidades apliquen declaren zonas de mercado tensionado y apliquen el control de precios en el ejercicio de sus competencias.

Menéndez afirmó que hay que “potenciar medidas de fomento de la oferta por encima de estas limitaciones en el precio” y sobre una potencial caída de la inversión por la aplicación de la Ley de Vivienda, matizó que “esto no quiere decir que tengamos que ser pesimistas” porque “cualquier iniciativa privada estará condicionada a la actuación en concreto” y esta norma lo que hace es “territorializar las consecuencias”.

El representante ministerial indicó que la composición parlamentaria actual no permitirá "ninguna modificación en ninguna actuación singular al respecto de esta ley”, por lo que en esta legislatura “lo único” que puede ocurrir es que más comunidades autónomas acaben implementando el control de precios, algo que “tres o cuatro” se están pensando.

Menéndez mencionó el caso de Galicia y de Asturias, donde el Ayuntamiento de Gijón, en manos de Foro Asturias, está valorando pedir la declaración como zona tensionada de dos zonas céntricas. En su opinión, sería “un error” porque provocaría un efecto rebote de precio en las zonas limítrofes. “Cuando hablamos de barrios de una ciudad, no es tan sencillo”, advirtió antes de asegurar que el Gobierno de Asturias, cuya consejería de vivienda está en manos de IU, está “dudando”.

En estos momentos, solo Cataluña está aplicando el control de precios. Las comunidades del PP han rechazado aplicar el índice y tampoco lo ha hecho Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García Page, mientras que Asturias, Navarra y País Vasco todavía se encuentran estudiando la situación del alquiler en sus regiones.

MÁS OFERTA

En su opinión, existe un déficit en España que puede ser superior a un millón de viviendas y, para solucionarlo, se debe alcanzar una “velocidad de crucero” de producción de 200.000 viviendas al año, frente a las pocas más de 90.000 que se construyeron en el último ejercicio.

Según sus estimaciones, un 30% de este déficit debería ser solventado con vivienda pública “pura y dura”, ya que solamente hay en España entre 350.000 y 400.000 viviendas públicas, por lo que se necesita “duplicar esa cuantía con urgencia”.

Asimismo, otro 30% de ese millón de viviendas de déficit debe ser vivienda asequible a través de fórmulas colaboración público-privada, tanto para el alquiler como para compra. Menéndez cree que es un “grave error” que en la última década se hayan puesto todos los esfuerzos en el alquiler y la rehabilitación y se ha apartado la compra asequible.

Esta colaboración debe hacerse no solo en suelos públicos mediante derechos de superficie o concesiones administrativas, sino también en suelo privado. “Tenemos que excitar al suelo privado para que venga a ayudarnos a colaborar en la función social de la vivienda, lo cual no quiere decir que no le vayan a salir las cuentas”, subrayó.

El 40% restante del déficit correspondería a vivienda libre, para lo cual deben acelerar la concesión de licencias y las cédulas de ocupación.