Así lo destacó este martes la confederación con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. En este contexto, Cáritas insta a las Administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales, a la comunidad cristiana y a la sociedad en su conjunto a tomar conciencia de esta enorme lacra social.

“En nuestro trabajo cotidiano acompañamos a mujeres atrapadas en diversas dinámicas de violencia que, además, suelen permanecer ocultas. Esta falta de visibilidad no solo estigmatiza a quienes llegan a nuestros recursos, sino que incrementa su vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Sufrir violencia implica, entre otras consecuencias graves, aislamiento, pérdida de autoestima, frustración, problemas de salud física y mental y obstáculos para acceder al empleo, lo que finalmente limita su autonomía económica y su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas”, destacó la responsable del programa de Mujer de Cáritas Española, Leticia Escutia.

“Las situaciones que más preocupan en este momento es la feminización de la pobreza que se incrementa por las situaciones de violencia. Y la dificultad de las mujeres en el acceso a derechos, sobre todo a la vivienda”, añadió.

Cáritas también indicó que está trabajando con las Administraciones "para dotar de coherencia práctica al ordenamiento jurídico en esta materia y no provocar desprotección a las víctimas, ni agravios comparativos en el ejercicio de derechos en función del territorio en el que se encuentren, ni de su situación administrativa”, señaló Raquel Benito, miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.

También apuntó que sigue trabajando con la Red Española Contra la Trata de Personas en el contenido de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, "con el objetivo de que sea aprobada cuanto antes y responda adecuadamente a las realidades y necesidades de las víctimas". Sin embargo, Cáritas constata que, "en la práctica", se produce "una preocupante falta de voluntad política por parte del Ejecutivo español para avanzar en el cumplimiento de este compromiso y de sus obligaciones internacionales, ya que continúan acumulándose los retrasos e incertidumbre en dicho proceso legislativo".