"Han pasado dos años, en el imaginario colectivo -y mediático- el corte de luz en la Cañada Real va quedando muy lejos, pero el problema sigue estando cerca. Apenas a unos kilómetros del centro de Madrid sigue sin haber suministro eléctrico, pero sí hay más de 900 familias que viven en condiciones infrahumanas y a quienes se les niega el derecho de vivir con dignidad", protestó la organización en un comunicado.

Cáritas pidió no olvidar que esta zona, "antes del apagón ya contaba con graves carencias estructurales, con vías poco accesibles y con escasa conectividad, tanto de acceso a Internet como de cobertura de telefonía", y que todo ello hace que el día a día de las personas que viven en La Cañada sea "una carrera de obstáculos": recorrer largas distancias a pie para coger un autobús o ir al centro de salud más cercano, no poder hacer trámites o gestiones 'online', o que los niños "a duras penas pueden hacer los deberes a la luz de las velas".

Estas condiciones hacen que vulnerabilidad en la que viven las familias de La Cañada “se agrave”, protestó la entidad, “lo que a medio y largo plazo tiene graves consecuencias para sus procesos formativos, emocionales y vitales”. “Nos dicen los propios vecinos, ‘nos hemos sentido diferentes toda la vida’, y seguirá siendo así mientras no se tomen medidas”.

"La solución a esta situación pasa porque todos los agentes sociales implicados, desde la Comunidad de Madrid hasta los Ayuntamientos de Madrid y Rivas, el gobierno central y UFD (la distribuidora de electricidad), trabajen y cooperen en la búsqueda de una solución que ponga por delante la dignidad de las personas", pidió Cáritas.