Todos los centros penitenciarios españoles cuentan con programas básicos de intervención con drogodependientes internos y 43 de ellos tienen programas específicos, con lo que se amplía en 20 centros el ámbito de aplicación de estos tratamientos con respecto a 1990. Además, 350 funcionarios de prisiones de distintas categorías han recibido cursos de formación para auxiliar a los internos toxicómanos.

Con la excepción de Cataluña, que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, la memoria recoge programas de intervención en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares, en donde se encuentran en período de preparación para las prisiones de Palma de Mallorca e Ibiza.

Este tipo de política se aplicó en siete centros de Andalucía, seis e Castilla-La Mancha, cinco de la Comunidad Valenciana y cuatro de Castilla y León.

Asimismo, estos planes se ejecutaron en tres prisiones de Aragón y el País Vasco y en dos de Canarias, Cantabria, Galicia y Madrid. Las prisiones de Logroño, Gijón, Pamplona y Cáceres I completan la relación.

Por su parte, Cataluña introdujo programas para drogodependientes en la cárcel Modelo de Barcelona y en otros siete centros penitenciarios.