Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Salud Mental, CSIF explicó en rueda de prensa que este estudio se realizó mediante entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en las administraciones públicas como Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas.

Durante su intervención, la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF, Encarnación Abascal, destacó que “los efectos de la pandemia y la crisis económica han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía, con especial incidencia en los colectivos profesionales que tuvieron más exposición al virus”.

Según la encuesta, el consumo de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la administración, “aunque con especial incidencia en el ámbito de la sanidad y la educación”, añadió Abascal.

A esto añadió que “el perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario, por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional”.

DATOS DE LA ENCUESTA

La encuesta del CSIF también puso de manifiesto que los psicofármacos más consumidos son los ansiolíticos (66% de los que reconocen su uso), antidepresivos (43,6%) y somníferos (32,1%). Un 51% de los encuestados aseguraron consumir estos fármacos a diario, un 13% varias veces en semana, un 21% alguna vez al mes, y un 15% en el último año.

Además, Encarnación Abascal subrayó que el 76% de los entrevistados “manifestó que el trabajo le influye a la hora de consumir esta sustancias: un 54,2% lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6% por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7% por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso)”.

Asimismo, un 21,22% relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc), un 20,6% con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6% con los problemas económicos.

“Otro dato significativo, indicó la representante de CSIF, nos indica que más de la mitad (55%) de los encuestados reconocieron que no consumían esta medicación antes de la pandemia, mientras que el 93% se quejan de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental”.

BAJAS LABORALES

Por ello, CSIF denuncia el elevado número de bajas laborales por problemas de salud mental y su infradeclaración como contingencia profesional, ya que difícilmente puede justificarse la relación causal entre daño psicológico y actividad laboral.

Ante esta situación, el sindicato ha lanzado hoy la campaña ‘Trabajamos por ti, comprometidos contigo. Promoviendo el respeto y la salud mental en el ámbito laboral’, que pretende ofrecer ayuda a los empleados públicos en situación de riesgo psicosocial y exigiendo al Gobierno a que ponga en marcha un paquete de medidas centradas en promover la prevención de riesgos para la salud mental en los centros de trabajo.

De hecho, el presidente del sector nacional de sanidad del CSIF, Fernando Hontangas, denunció la escasa inversión de recursos en materia de salud mental, ya que “no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas. En concreto, denunciamos que la salud mental supone tan solo el 5% del gasto sanitario total (según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría), frente a la media del 7,5% de los países de nuestro entorno”.

Además, advirtió de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha, puede llegar hasta cuato y cinco meses respectivamente, para la primera consulta y en Aragón hasta nueve meses).