El magistrado investiga al ex presidente por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos en la compra de la sede de la Consejería de Agricultura situada en la calle Foners de Palma de Mallorca. El Gobierno Balear pagó 795 millones de peseas a la empresa propietaria del inmueble, EDISALAM.

La operación se gestó en 1.991 y participaron en ella los agentes inmobiliarios Andreu Roig, Josep Salvá y Ventura Catany, que cobraron cuarenta millones de pesetas en comisiones. Uno de ellos, Andreu Roig, era socio de Gabriel Cañellas en la empresa urbanizadora Es Sementé. Según la acusación particular que representa Izquierda Unida, Cañellas benefició los intereses particulares de su socio al autorizar la compra del edificio.

Los tres agentesinmobiliarios mantuvieron distintos careos ante el juez instructor la semana pasada. En estas actuaciones judiciales, se pusieron de relieve contradicciones evidentes entre los distintos testimonios. Ventura Catany asegura que sus socios le confirmaron que Gabriel Cañellas cobraría nueve millones de pesetas por autorizar la operación, mientras Andreu Roig lo niega rotundamente.