Llorens y Arranz están inculpados en la investigación de un supuesto caso de corrupción por haber encarecido innecesariamente el proyecto de construcción del edificio, a cargo de la sociedad foral Azpiegitura.

Arranz señaló hoy en la Audiencia de Vizcaya que arobó el incremento de presupuesto con el fín de "salvar vidas humanas", ya que los términos de las obras les remitieron un informe en el que se afirmaba que la ejecución del proyecto había afectado a edificios colindantes y una zapata de la autopista cercana.

También negó la imputación de que la obra fuera adjudicada de forma arbitraria al constructor Iñaki Ereño, también inculpado, sino que fue la oferta aceptada "por ser el más barato". Por su parte, el también ex consejero de la sociedad promotora,José Luis García de Juan, señaló que "se debe escatimar el dinero público", pero no cuando se trata de la posibilidad de que los ciudadanos lleguen a morir.