Para Gómez-Calcerrada, la decisión del fiscal general, "en contra de la opinión unánime de la junta de fiscales, significa un descarado alineamiento en favor de las tesis del PSOE, que violenta el normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales".

"Lamentablemente", dijo, "estos comportamientos son habitules en el señor Hernández, persona de cuya legalidad en la designación del cargo que ocupa cabe razonablemente dudar".

"El propósito de la Fiscalía General del Estado", prosiguió, "es claro: retrasar el enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos. Esto significa que el representante máximo del ministerio público, que debería actuar en defensa de la Justicia, lo hace en defensa de los intereses privativos de un determinado grupo político".

Para Gómez-Calcerrada, Eligio Hernández "quedadefinitivamente inhabilitado, moral y políticamente, para seguir desempeñando el puesto de fiscal general".