El magistrado instructor del caso, Marino Barbero, decretó el pasado mes de julio un auto por el que exigía a las empresas BBV, Banco Central, Cepsa, Focsa, Enasa, Pryca, Abb Energía y Abengoa que remitierasn al tribunal los informes que, según las acusaciones, nunca se llegaron a realizar y los pagos fueron desviados por Filesa para hacer frente a los gastos electorales del PSOE.

Según fuentes cercanas a la investigació, sólo quedan por recibir otros tres informes, ya que tanto el Banco Central como el BBV contestaron al instructor explicando que los habían perdido.

En el caso concreto del BBV, la entidad justificó la desaparición porque la docuemntación fue directamente tratada por el anterior presidente, ya fallecido, Pedro Toledo.

Según las mismas fuentes, si los informes no llegan al tribunal, el instructor citaría a declarar a los responsables de las entidades para que esclarecieran los hechos. De lo contrrio, éstos podrían ser acusados de malversación de fondos públicos, en el caso de las empresas públicas, o delito fiscal en las privadas.

El pasado sábado Marino Barbero dictó un nuevo auto por el que prorrogó el secreto sumarial por otros 10 días, ante la falta material de tiempo para practicar todas las diligencias previstas.

Por otra parte, la acusación particular que ejerce Marcos García Montes en nombre del empresario Christian Jiménez solictó hoy a la sala segunda del Tribunal Supremo que cmbie al fiscal del caso, por estimar que su actuación "entorpece y dilata injusta e innecesariamente" el proceso.

Según una información aparecida en el diario "El Mundo" de Madrid, el fiscal se opuso a que el instructor pidiera a las ocho empresas anteriormente citadas los informes encargados a Filesa y que investigara las cuentas bancarias de las tres entidades vinculadas al PSOE.

En un escrito personado hoy en el Alto Tribunal, la acusación se queja de la actitud del ministerio público "que no e corresponde con la que debiera ser en un Estado de Derecho" y pide a la Fiscalía General del Estado y al instructor que nombre "un fiscal imparcial que no siga las directrices del partido".

Asimismo, el letrado afirma sentir "desconfianza y estupefación" por las palabras de Eligio Hernández que declaró al mismo diario que el fiscal del caso "intercambia conmigo opiniones y luego obra teniendo en cuenta que tiene autonomía funcional".