El Ejecutivo remitirá ese proyecto legal a las Cortes para que se apruebe definitivamente en el mes de febrero. El consejero de Bienestar Social, Antonio Pina, manifestó que la ley en proyecto se va a basar en el actual Plan Nacional de Solidaridad dotado con casi 3.000 milones de pesetas.

Fuentes de la consejería de Bienestar Social aseguran que el presupuesto, que va a servir para dar cobertura a la Ley de Solidaridad de Castilla-La Mancha, puede ascender a unos cinco millones de pesetas con los que pretender atender las necesidades más urgentes de los ciudadanos más desfavorecidos, además de los inmigrantes que residan en esta comunidad autónoma.

El consejero de Bienestar Social señaló que es urgente resolver injusticias concretas, pero añadió que "hemos renuncado a descubrir cuál es el ideal de justicia perfecto por ser una aspiración inalcanzable".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha alertó para que se desconfíe de quienes lanzan proclamas solidarias y que "prometen el paraíso", pero no hacen un esfuerzo para poder mejorar las condiciones de vida de sus semejantes.