María José Catalá afirmó que un proceso "tan importante" y "tan trascendental para muchísimas personas" debería haberse gestionado de otra manera, calificándolo de "verdadera chapuza" por parte del Gobierno de España. La alcaldesa denunció que se ha "volcado" en los municipios una gran cantidad de gente que "deambula sin información" y "sin conocer bien el proceso".

Relató que una vez lanzado el proceso de regularización, la Secretaría de Estado envió una recomendación desde la FEMP para colaborar el viernes por la tarde. Sin embargo, afirmó que ha podido constatar que los ayuntamientos están "colapsados", tras hablar con sus homólogos de Madrid, Sevilla y Zaragoza, que se encuentran en la misma situación.

Añadió que "no hay derecho" a que se vuelque en los ayuntamientos esta responsabilidad después de una legislatura en la que no se les pueden hacer "más barbaridades". Catalá recogió en ese momento otros reproches al Gobierno como el retraso en las entregas a cuenta y la ausencia de cambios en la financiación local.

Respecto a la posibilidad de reforzar los servicios sociales en el Ayuntamiento de Valencia, Catalá indicó que harán "todo lo que se pueda" pero advirtió que el "bloqueo es espectacular" por el volumen de solicitantes.

Explicó que trabajar con estas personas implica darles contacto, crear un historial si no lo tienen, realizar informes de vulnerabilidad, entrevistas personales y cita previa, lo que genera ese "bloqueo". Cuestionó cómo se puede llevar a cabo este proceso "sin hacer previamente una planificación con los ayuntamientos, sin hacer claramente responsables a todos los ayuntamientos de este proceso, sin clarificar algunos extremos del Real Decreto que son un poco vagos y que evidentemente no tienen claridad". Concluyó que si el proceso se "volcara a la puerta de la Delegación del Gobierno, otro gallo cantaría".