Capdevila realizó estas declaraciones tras la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado hoy en Madrid entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

En este sentido, la consejera señaló que la propuesta que establece los requisitos que, en materia de personal o de formación, deben reunir los profesionales y los centros para ser homologados, "no se limita a establecer unas indicaciones básicas, amplias y flexibles, sino que impone una determinada regulación que en muchos casos supone un retroceso".

En referencia al copago de las prestaciones de la ley, la consejera señaló que el acuerdo alcanzado en esta materia "permite desarrollar un modelo propio de copago más ventajoso para los beneficiarios de la Ley".

Así, Capdevila explicó que los criterios básicos fijados hoy "aseguran el mantenimiento por parte del Gobierno central de las ventajas introducidas en Cataluña, como que la capacidad económica se determinará teniendo en cuenta la renta y el patrimonio de la persona solicitante".

La consejera de Acción Social y Ciudadanía trasladó a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, y al Consejo Territorial "la necesidad de mejorar la financiación estatal de la Ley".

En esta línea, Capdevila reclamó al Gobierno central "la revisión al alza de las previsiones de las personas beneficiarias para ajustarlas a la realidad". También le pidió que amplíe la financiación estatal y que revise las aportaciones económicas hechas por las comunidades, los dos últimos años, para compensar el sobreesfuerzo realizado por éstas para garantizar el despliegue de la Ley.