Así lo dijo con motivo de su participación este martes en un diálogo en la Fundación Pablo VI con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en Madrid.

La parlamentaria argumentó que esos principios morales parten de que “hay que juzgar a las personas por sus hechos y conductas”. “No se puede colectivizar a los migrantes, ni demonizar a todos y decir ‘todos fuera’, ni beatificar a todos”. Para la política, “primero” es la ley, “que tiene que ser igual a todos”.

Durante su intervención, Cayetana Álvarez de Toledo calificó de “decretazo por la puerta de atrás” la propuesta del Ejecutivo, reclamó el contrato en origen, afeó que no se tengan cifras concretas de personas beneficiarias (según dijo hay una horquilla de entre 500.000 y más de un millón) ni que tampoco se pueda “blanquear antecedentes penales” y no se perjudique a las personas migrantes que hayan llegado a España de forma legal.

En su opinión, el decreto “no tiene plan de integración” y persigue un objetivo “perverso” de buscar la polarización política y social. No obstante, matizó que la sociedad española necesita personas migrantes para cubrir carencias de mano de obra.