Así lo asegura la Real Federación Española de Caza, que afirma en su página de Internet que, aunque la caza no queda prohibida por la norma del Gobierno, "sí puede quedar muy limitada".

Los cazadores se quejan de que se prohibe la circulación de vehículos, con los que se mueven por las zonas de cacería, en "la práctica totalidad de los terrenos que normalmente constituyen un coto de caza".

Además, afirman que, en las zonas de alto riesgo de incendios, "de forma indirecta se prohibe la caza, ya que está prohibiendo el tránsito de personas, salvo que se cuente con una autorización especial".

Finalmente, tienen el temor de ser multados con elevadas cantidades porque las sanciones contempladas en la nueva normativa van de 1.000 a 100.000 euros.

Por todo, han presentado un recurso ante los tribunales para proteger su derecho de cazar en el campo y también un carta a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, solicitando un aclaración de la nueva normativa.