Por ello, este sindicato hizo un llamamiento a ejercer este derecho de forma activa, incluso ante la posibilidad de que determinados propietarios o fondos de inversión impulsen litigios con el objetivo de dificultar su aplicación.

"No se trata de una opción negociada, sino de un derecho subjetivo de carácter legal, ejercitable de forma unilateral por la persona arrendataria y de obligado cumplimiento para la parte arrendadora, salvo en supuestos muy tasados”, explicó el sindicato, que indicó que basta con que la persona inquilina comunique de forma fehaciente su voluntad de acogerse a la prórroga para activar sus efectos jurídicos.

Asimismo, insistió en que este derecho está plenamente vigente desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley y puede ejercerse sin necesidad de esperar a su convalidación. En consecuencia, las solicitudes realizadas durante este periodo constituyen actos jurídicos válidos y eficaces, que generan una posición jurídica "sólida y defendible".

"Se trata de una medida necesaria en un contexto en el que asociaciones de grandes propietarios e inmobiliarias están promoviendo campañas de desinformación destinadas a generar inseguridad jurídica", señaló CCOO.

CONFLICTOS JUDICIALES

El sindicato reconoció que, aunque es cierto que la aplicación de esta medida puede dar lugar a conflictos judiciales impulsados por algunos propietarios o fondos, especialmente en un escenario de incertidumbre sobre su convalidación. Pese a esto, afirmó que esta eventual conflictividad no debe disuadir a las personas inquilinas de ejercer su derecho y destacó que los eventuales litigios podrían prolongarse en el tiempo, lo que, en la práctica, favorecería la permanencia de las personas inquilinas en sus viviendas mientras se resuelven los procedimientos.

Por último, afirmó que esta medida se sitúa en el marco de una crisis de acceso y permanencia en la vivienda que "exige respuestas urgentes y contundentes". "La prórroga extraordinaria se configura como una herramienta adicional para frenar subidas abusivas del alquiler y garantizar la estabilidad residencial. Es una acción legítima para defender el derecho a la vivienda frente a prácticas especulativas", sentenció.