En una rueda de prensa, Castillo detalló que CCOO ha contado con cerca de 200 personas atendiendo en las sedes de toda España a las personas migrantes que requerían de acompañamiento y apoyo para tramitar sus solicitudes ante la Administración.

Ese equipo humano ha dado asistencia de forma directa a migrantes en situación administrativa irregular gestionando más de 7.500 expedientes "que la práctica se traduce en miles de personas beneficiadas" ya que en muchos casos un solo expediente tenía aparejado a los hijos e hijas de los solicitantes.

El perfil de las personas que han sido atendidas por CCOO ha sido el de migrantes procedentes de Latinoamérica. Por ranking de nacionalidades: Colombia, Perú, Venezuela, y de forma minoritaria Marruecos y Argelia, fueron los países de origen de las personas atendidas.

Desde el sindicato destacaron como un dato "muy significativo" que casi el 50% de las personas atendidas fueron mujeres. Además de los expedientes directos tramitados, CCOO colaboró con otras organizaciones como Médicos del Mundo y SOS Racismo.

A esas más de 7.500 solicitudes, se suma también la atención prestada a personas que no gestionaron con el sindicato sus expedientes pero que recurrieron a CCOO para "subsanar algunas deficiencias", como el pago de la tasa, la inscripción correcta del nombre, la tramitación del padrón, etc."

LÍNEA 900 Y WHATSAPP

Aunque mañana concluye el plazo de solicitud de la regularización, el sindicato mantendrá habilitados tanto el número 900 como el WhatsApp específico para las dudas relacionadas con el proceso, ya que a partir de ahora la administración tendrá un plazo de 3 meses para resolver esas solicitudes.

En opinión de CCOO, el proceso de regularización "ha sido la oportunidad de corregir las disfunciones de un sistema que en demasiados casos condenaba a la población extranjera a la exclusión social y a la explotación laboral". Muchos de los inmigrantes que ahora verán regularizada su situación estaban trabajando en la "economía informal" y ahora podrán hacerlo "con plenos derechos, seguridad jurídica y acceso a la protección social que en justicia les corresponde", destacaron.

Pese a su satisfacción con el proceso, desde el sindicato insistieron en solicitar al Gobierno que dote a las Administraciones "de medios suficientes y bien dimensionados a la realidad demográfica del país que estamos construyendo, y que impulse políticas públicas de de inclusión, conformación y y acompañamiento".

CCOO alertó en concreto de que ha detectado problemas "tanto en Seguridad Social como en la toma de huellas" en la Policía Nacional y exigió que no se den "criterios distintos" entre unas y otras oficinas.

En relación con la huelga convocada en Correos en Cataluña, desde el sindicato advirtieron de que se sigue negociando para evitar el parón y, no obstante, afirmaron que las citas se habían trasladado preventivamente a otras fechas para que la protesta no incidiera en la atención a los ciudadanos.

REGLAMENTO "VERGONZOSO"

Castillo criticó también que la reunión que tuvo lugar recientemente "a puerta cerrada entre el régimen talibán y la Unión Europea en Bruselas". "El objetivo de este encuentro no es otro que poner en marcha el vergonzoso reglamento de deportaciones aprobado recientemente por la Unión Europea", aseveró Castillo.

Desde el sindicato denunciaron que esta decisión "va a suponer que muchas personas, en su inmensa mayoría mujeres que se vieron obligadas a a huir de Afganistán cuando los talibanes tomaron el poder, se vean forzadas a regresar" al mismo lugar "donde sus vidas corren un peligro real".

En ese sentido, desde CCOO alertaron del "'apartheid'" que sufren las mujeres en aquel país y afirmaron que no callarán ante esa "decisión gravísima".

Por otra parte, desde le sindicato trasladaron también su "solidaridad con el pueblo venezolano, tanto con quienes se encuentran en su país sufriendo la difícil situación actual como con nuestros vecinos y vecinas venezolanos" que viven en España "y padecen esta catástrofe desde desde la lejanía".

El sindicato también criticó duramente la decisión de un juez de El Hierro que activó una orden de expulsión de 85 ocupantes de un cayuco que llegó la semana pasada a la isla canaria. Según indicó Castillo, el magistrado activó ese "procedimiento apelando de forma directa al nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo. Y nosotros nos preguntamos a dónde van a llevar a estas personas, que muchos de esos casos son menores, ¿se les va a expulsar sin un juicio justo y sin derecho a una defensa digna?", se preguntó.