El sindicato agradeció que el Gobierno, a petición de las organizaciones sindicales, culminara la tramitación del Real decreto que reconoce el coeficiente reductor de la edad de jubilación a los bomberos forestales y establece la cotización adicional que garantiza la sostenibilidad financiera de la figura.

Esta medida se aprobó en el Consejo de Ministros del martes y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que su entrada en vigor será oficial a partir de este jueves.

El sindicato señaló, en un comunicado, que esta petición nació de la necesidad de mejorar la protección de las personas que trabajan al servicio tanto en la prevención como en la extinción de incendios forestales, mediante un reconocimiento de la penosidad de esta actividad que justifica la anticipación de su edad de jubilación.

La Ley Básica de Bomberos Forestales, de 2024, contemplaba que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esa normativa debían adoptarse las medidas necesarias para el reconocimiento de todo el tiempo trabajado en la actividad de vigilancia y extinción de incendios forestales para la concesión de los coeficientes reductores.

"MECANISMOS DE COORDINACIÓN"

CCOO reclamó a las administraciones públicas que faciliten la acreditación de los certificados necesarios y “establezcan mecanismos de coordinación entre Seguridad Social y resto de administraciones públicas”.

El sindicato avisó de que estarán atentos para que la cobertura se extienda al mayor número de trabajadores que han participado en las actividades de extinción como empleados públicos o en empresas vinculadas a las administraciones públicas.

“Es evidente que algunas empresas no han sido estrictas en el encuadramiento de las personas a su cargo, pero desde el sindicato tenemos claro que dicho incumplimiento no tiene que tener la consecuencia de privar a la persona trabajadora de los beneficios ahora obtenidos”, expresó CCOO en su comunicado.

Por último, recordó que el derecho a un coeficiente reductor similar también está comprometido para el colectivo de más de 6.000 agentes forestales en la Ley básica de agentes forestales y medioambientales que, pese a que dicha norma establecía un plazo de tres meses para su puesta en marcha operativa, todavía sigue pendiente.