Así lo indicaron su secretario general, Unai Sordo, y el coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Beltrán, durante una rueda de prensa organizada por el sindicato para dar muestra de las reivindicaciones de los trabajadores del sector público.

Sordo criticó que “las negociaciones dentro del área pública y la relación en los últimos años con el Gobierno han arrojado un balance de acuerdos más que limitado”, de manera que el último gran acuerdo marco en la Función Pública data de marzo de 2018, aún con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, y que entonces se pactó una subida salarial a tres años que llegó “después de una secuencia de recortes muy duros”.

El líder sindical apuntó que “durante todo este tiempo ha habido reuniones y encuentros con el Gobierno” y que se comprometió a convocar una mesa general de la Función Pública para abordar la negociación de la subida salarial y otras cuestiones, pero que “no se ha cumplido” dicha promesa.

Además, indicó que tras “una década de intensos recortes”, aún “se sigue concibiendo el sector público como un mecanismo de ajuste ante las crisis”, en lugar de “como una apuesta estratégica por la equidad y la modernización de nuestro país”, destacando que los servicios públicas son “claves para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía”.

En este sentido, Sordo indicó que la subida salarial es sólo una parte de las reivindicaciones de los funcionarios públicos y que muchas otras cuestiones tienen que ver con “la modernización de la administración” que “no ha tenido la suficiente inversión durante demasiados años, no sólo en personal y condiciones salariales, sino, por ejemplo, en modernización logística y digital”. En la misma línea, Sordo también reclamó la eliminación de las tasas de reposición para poder dotar a las plantillas de las administraciones públicas del número de trabajadores necesario.

En este sentido, además, el secretario general reconoció que “no es lo mismo la reivindicación salarial ante las empresas privadas, donde estamos tratando de disputar el beneficio empresarial o la retribución de los accionistas contra la evolución de los salarios”, que “cuando negociamos con la administración pública, que reivindicamos salarios pero ante los recursos públicos”.

En este punto, Sordo hizo referencia al papel que el Gobierno debe jugar en el pacto de rentas que exige a sindicatos y empresarios. En concreto, declaró que “el Gobierno debe ser consciente de que en ese supuesto pacto de rentas buena parte del éxito o fracaso depende del mismo Gobierno” y que “tiene que formar parte de él”.

A este respecto, resaltó que “las rentas de más de 15 millones dependen directamente de decisiones del legislativo”, en referencia a los 3,3 millones de personas trabajan en el área publica, los entre 9 y 10 millones de pensionistas, y las personas que perciben las prestaciones sociales o las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así, el secretario general de CCOO advirtió sobre la pretensión de “utilizar las rentas públicas como un ejemplo de devaluación salarial, como se está pidiendo desde una parte de la opinión publicada y desde las instancias económicas" y pidió que “el Gobierno no le haga ojitos a esas lógicas” en lo que se refiere a los salarios de los funcionarios o en la revalorización de las pensiones.

Por último, criticó que “hay un discurso en nuestro país que viene a decir que bajando los impuestos se produce más recaudación” y que ese “discurso absolutamente superado por la ciencia económica”, plantea que la bajada de impuestos permite un mayor gasto y una mayor activación de la economía. Por ello, preguntó a los defensores de ese planteamiento pero que se oponen a la revalorización de las pensiones o de los salarios públicos “por qué” su idea “no vale para los empleados públicos y para los pensionistas o los receptores de la prestación por desempleo”.

REIVINDICACIONES

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Beltrán, denunció la “falta de diálogo con el Gobierno en materia de negociación colectiva de los sectores públicos”, recordando que los trabajadores públicos vienen “demandando desde hace más de un año que el Gobierno abra el foro de negociación colectiva específico de los empleados públicos”.

En este sentido, comentó que “en mayo conseguimos una promesa de la secretaria de Estado de Función Pública para convocar la mesa general”, pero que “todavía no se ha producido”.

Por ello, defendió la convocatoria de esta movilización ante el Congreso de los Diputados, aprovechando que el Gobierno y los grupos parlamentarios estarán asistiendo a la celebración del debate del Estado de la nación.

Además de la revisión salarial, Beltrán enumeró las distintas reivindicaciones de los empleados públicos, como el desarrollo y actualización del Estatuto Básico del empleado publico o el Estatuto marco; el desarrollo de la Ley de Función Pública para la Administración General del Estado; cambios normativos en materia de igualdad; hablar de la carrera y promoción profesional; la jornada de 35 horas o eliminar las tasas de reposición.

También hablar sobre jubilaciones parciales y anticipadas; abordar la digitalización y modernización de las administraciones; reconocer al sector público empresarial; derogar los decretos de recortes previos; derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local; la adaptación de la normativa para desarrollar planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, además de cuestiones de prevención de riesgos y salud laboral, entre otras.

De esta forma, Beltrán aseguró que su sindicato exige “un acuerdo global, marco, no sólo sobre salarios”, que “inserte la discusión de los salarios en una discusión mas amplia que recupere otros derechos”.

En lo que se refiere en concreto a la subida salarial, Beltrán aseguró que en su organización están “abiertos a negociar con el Gobierno”, pero advirtió que “no puede ser una oferta de aquí a lo que queda de año”, sino que debe ser “un acuerdo plurianual”.