Así lo indicó en una entrevista concedida al canal 24 horas recogida por Servimedia, en la que criticó que el acuerdo “no recoge lo suficientemente bien la igualación de derechos con las personas que tienen contratos a tiempo parcial” y emplazó a esperar cómo queda el texto final que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, el líder sindicalista quiso abordar el debate abierto por la discusión que ha surgido entre los departamentos de Yolanda Díaz y Nadia Calviño, después de que el ‘número dos’ de la vicepresidenta primera dijese que querían reformar el subsidio para estimular el empleo. “Aquí hay un equívoco. Hay 2,7 millones de personas que están en las listas del desempleo y no trabajan no porque no encuentren un puesto de trabajo sino porque hay una especie de renta que les desincentiva a trabajar. Esta idea no puede quedar en la sociedad española porque es errónea”, subrayó.

Preguntado por el posible desincentivo de un trabajador a trabajar a tiempo parcial para no perder el subsidio, indicó que lo que ocurre es que se ofertan empleos no declarados “para permitir a algunas personas a seguir trabajando en B y cobrar el subsidio”. En ese caso, pidió perseguir la economía sumergida y que “no pague el pato quien está cobrando el subsidio”.

En cualquier caso, se mostró confiado en que la compatibilidad del subsidio con el empleo “va a aparecer” en el texto final y recalcó que esa materia era una de las cuestiones que se podían negociar y en la que estaban “dispuestos a pactar”.

SMI

Sobre la negociación para la subida del salario mínimo, indicó que está “empantanada” porque las posiciones ya son conocidas y recalcó que la propuesta de CEOE de incrementar los salarios un 3% les parece “netamente insuficiente”. Sobre si aceptarían un acuerdo para subir un 4% (los sindicatos proponen un 5%), aseguró que “cuando se mueva la posición de CEOE, si es que se mueve, lo valoraremos”.

Además, subrayó que, para que la gente que cobra el SMI no pierda poder adquisitivo, la subida “tiene que estar claramente por encima de la inflación del año pasado y de la previsión de inflación para este año”.

Cuestionado acerca de si verían con buenos ojos que la subida salarial se extendiese a la Administración Pública, dijo que esta “no puede ser un elemento de precarización de los salarios” y, si se mejoran los salarios a través del SMI o del convenio colectivo, debe poder “repercutirse en el precio”. Tras criticar la Ley de Indexación por impedir repercutir en los contratos públicos las subidas de costes, afirmó que creen que “hay que modificar la ley en ese aspecto” y, por tanto, estarían “bastante de acuerdo con la posición de CEOE”.

CONTRATOS DE RELEVO

Sobre la primera reunión con la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que le reclamaron la prórroga del contrato de relevo, pero también su extensión a otros sectores porque es una “buena fórmula de facilitar la renovación de las plantillas permitiendo un acceso muy aterrizaje muy suave de los trabajadores a la jubilación”.

No obstante, pese a que Sordo pidió a la ministra establecer un plazo para negociar esa nueva regulación “para no estar dentro de un año exactamente como estamos un año atrás”, Saiz “no se comprometió taxativamente”, según el líder de CCOO.

“No se dijo en tres meses hay que abordarlo, pero sí hubo una voluntad clarísima por parte de la nueva ministra de habilitar esas mesas de diálogo social y que todos estos temas se aborden de forma negociada entre el Gobierno y los agentes sociales y yo creo que eso es una buena noticia”, explicó.

Sordo también abordó una posible mayor apuesta de las empresas por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en el año 2024. El sindicalista cree que no se extenderán porque las empresas que las hacen tienen un “músculo financiero enorme”, como en el caso de Telefónica, y tienen la posibilidad de plantear expedientes que “no suelen ser muy traumáticos”.

SUBVENCIONES

Por último, criticó la medida adoptada por el PP y Vox en Baleares de retirar las subvenciones a patronal y sindicatos porque estas “no son graciosas concesiones de los políticos”, sino “una forma de compensar mínimamente el papel constitucional que jugamos las organizaciones sindicales”.

“Yo creo que en la medida que PP le ha abierto la puerta y compra el discurso cultural de la extrema derecha, todas las medidas que se pactan acaban teniendo una deriva profundamente antidemocrática”, aseguró.

A efectos prácticos, admitió que supone una “merma de recursos” que les pone en “algún problema” para “mantener todos los recursos técnicos que necesitamos, por ejemplo, para abordar las mesas de diálogo social en Baleares”. Sin embargo, pidió a la gente estar “tranquila” porque CCOO se financia “básicamente” a través de las cuotas de su afiliación.

“Es un ataque a la democracia, no es un ataque a la financiación, es un ataque al papel democrático que nos mandata la Constitución ni más ni menos”, finalizó.