Así se desprende de un informe de CCOO presentado en rueda de prensa por la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de trabajo de CCOO, Carolina Vidal; el secretario de Políticas públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo, y la secretaria de Políticas públicas e Institucional de CCOO del Hábitat, Paloma Vázquez Laserna, coincidiendo con la celebración este miércoles del Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar.

Pese a las 200.000 empleadas de hogar que CCOO calcula que se encuentran en la economía sumergida, a cierre de 2021, un total de 381.485 personas estaban dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas domésticas.

Las mujeres trabajadoras del hogar supusieron el 88% del total de personas empleadas en este sector de actividad. Además, teniendo en cuenta la edad se observa que el 94% de estas tiene entre 25 y 44 años.

Por ello, CCOO cree que unas 400.000 personas, sobre todo mujeres, pueden beneficiarse de la sentencia que declara contraria a Derecho la exclusión de las empleadas de hogar de la prestación por desempleo.

También destaca el crecimiento de la temporalidad cuanto más joven es el grupo de edad de las trabajadoras del hogar, así como la alta tasa de jornadas a tiempo parcial. En el caso de las que tienen menos de 44 años, la jornada parcial llega a superar el 60% de los contratos, según el informe.

No obstante, el sindicato destaca que el acceso a las prestaciones de desempleo, igual que ocurre con el resto de prestaciones sociales, es un “incentivo muy útil para fomentar la formalización de las actividades que se dan en el marco de la economía sumergida”.

Por ello, pide al Gobierno que inicie los trámites para reformar la Ley General de la Seguridad Social para que se corrija esta situación de “discriminación” por razón de sexo. “2022 tiene ahora una relevante condición adicional para ser el año en el que desaparezca esta injustificada diferencia de trato”, añade el sindicato.

Más allá del desempleo, CCOO explica que la sentencia del TJUE debe servir, igualmente, para reclamar que se aborde y regule desde el diálogo social la necesaria y plena equiparación de derechos laborales para las trabajadoras del sector, “porque son trabajadoras por igual, no pueden ser trabajadoras con derechos restringidos”.

PROPUESTAS

Entre las medidas concretas que propone CCOO para equiparar los derechos de las empleadas de hogar, destaca la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la equiparación de derechos laborales y de Seguridad Social con el resto de trabajadores y trabajadoras.

Igualmente, cree que es “urgente” que se consolide la “calidad” del empleo en este sector, promoviendo medidas incentivadoras a la regularización de situaciones no declaradas, así como que se cree un marco de negociación colectiva en consonancia con las directivas europeas y que se dote al sector de un convenio propio. Además, insta a elaborar un catálogo de tareas o de puestos de trabajo dentro del domicilio.

Asimismo, apuesta por prestar atención a la salud laboral de este colectivo y por identificar los riesgos específicos, al tiempo que reclama dotar a las trabajadoras del sector de los equipos de prevención adecuados y dar acceso al colectivo a la totalidad de prestaciones por desempleo, tanto contributivas como asistenciales.

Por último, urge a poner en marcha un plan de actuación específico y permanente de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que se garantice el cumplimiento de los derechos laborales, de cotización y de protección social del colectivo.

RESPUESTA A LA GUERRA

Por otro lado, a preguntas de los medios, Carlos Bravo señaló durante la rueda de prensa de presentación del informe que, de las medidas anunciadas por el momento desde el Gobierno para responder a la crisis derivada de la pandemia, el colectivo de empleadas de hogar “no tiene un nivel de protección” en el plan de choque.

En todo caso, indicó que hay que esperar a conocer el “detalle”, aunque “no hay ninguna noticia” que el colectivo esté “incluido” en estas acciones.

Respecto de las medidas que sí se implementaron durante la pandemia, el responsable sindical apuntó que tuvo una menor implantación de lo que hubiera cabido esperar. Solo solicitaron esta prestación por paro de actividad 55.000 empleadas y se concedió a unas 44.000, con un “retraso enorme”.