El sindicato recalcó en un comunicado que el problema “no es el personal interino o temporal”, sino “la incapacidad o la dejadez de las Administraciones Públicas” para gestionar adecuadamente sus plantillas y cumplir sus propias obligaciones legales.

La organización recordó que las Administraciones Públicas han recurrido a la contratación temporal para cubrir necesidades estructurales y les acusó de “dejación de sus obligaciones”, como la de planificar, convocar ofertas de empleo, resolver procesos selectivos en tiempo y forma, estabilizar las plantillas y cubrir sus necesidades.

CCOO lamentó que las Administraciones trasladen “las consecuencias de esa mala gestión” a los empleados públicos, que “no tienen responsabilidad”. Para el sindicato, el miedo a las demandas judiciales no puede justificar el cese del personal o el bloqueo de las contrataciones porque consideran que no es la solución.

“Va en perjuicio del propio personal y en detrimento del servicio público, con el agravio que se infringe a la ciudadanía española y a la satisfacción de sus derechos en un Estado social de derecho”, agregó CCOO en su comunicado.

El sindicato incidió en que cada contratación que no se realiza repercute directamente en las condiciones laborales, en la conciliación, en la organización del trabajo del personal y en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

CCOO también alertó de que existe “un discurso cada vez más preocupante” que apunta a los interinos como origen de todos los problemas de la temporalidad, a pesar de que estas personas han accedido a sus puestos de trabajo mediante los procedimientos establecidos por la propia Administración Pública.

“Pretender ahora presentarles como un riesgo jurídico o como un problema organizativo es una falta de respeto intolerable. Es la consecuencia de años de falta de planificación y de la incapacidad o desidia de las Administraciones Públicas para dotarse de mecanismos eficaces para la cobertura definitiva de plazas”, denunció CCOO.

El sindicato recordó que el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y servicio a la ciudadanía busca atajar esa incapacidad de planificación de los recursos humanos por parte de las Administraciones Públicas e insta a cambiar las limitaciones establecidas respecto a la tasa de reposición y su sustitución por una herramienta de gestión integral y plurianual de los recursos humanos.

CCOO subrayó su defensa del acceso al empleo público bajo los principios constitucionales y garantía de la igualdad de oportunidades, al tiempo que abogó por un perfeccionamiento de la normativa actual en lo que respecta a la estabilidad en el empleo y la responsabilidad.

“Las consecuencias del incumplimiento deben recaer sobre quien incumple, no sobre quien trabaja. Si durante años no se han convocado plazas suficientes, si los procesos selectivos se han retrasado o si las necesidades estructurales se han cubierto con temporalidad, la responsabilidad es exclusivamente de los órganos gestores”, expresó el sindicato, que avisó de que no aceptará que se use la ley como coartada para perjudicar al personal.

CCOO cree que la solución no pasa por cesar las contrataciones sino por cubrir todas las necesidades reales de personal; convocar y resolver con agilidad los procesos selectivos pendientes; garantizar la estabilidad en el empleo; reforzar, atender nuevas necesidades, y renovar las plantillas en un colectivo con una edad media alta; garantizar el derecho a la promoción y carrera profesional; proteger los derechos de las personas trabajadoras; y garantizar un servicio público de calidad para la ciudadanía.