El real decreto-ley que rechazaron estos tres partidos contenía medidas como la prórroga de la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la extensión de los descuentos del bono social eléctrico y la garantía de suministros básicos (agua, luz y gas), además de medidas fiscales y de financiación territorial.

La moratoria incorporaba una novedad relevante: no se aplicaría cuando el arrendador fuera propietario de dos o menos viviendas (incluida la habitual), excluyendo así a los pequeños propietarios. Esta modificación, acordada con el PNV, pretendía facilitar su aprobación parlamentaria, que finalmente ha sido rechazada por los grupos mencionados anteriormente.

Entre los argumentos esgrimidos, Jungs, PP y Vox insistieron en el supuesto de incremento exponencial de la ocupación de vivienda habitual. No obstante, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que los delitos por usurpación o allanamiento de morada pasaron de 17.500 en 2017 a 16.000 en 2024, de los cuales 1.600 corresponden a viviendas habituales. Asimismo, las condenas se redujeron de 6.700 a 3.300 en ese mismo periodo, mientras que el parque de viviendas de España es de 26,8 millones, de las cuales 19,3 millones son habituales.

En este sentido, CCOO denunció en un comunicado que la no convalidación del decreto permitirá reactivar hasta 70.000 desahucios que habrían permanecido suspendidos entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A ello se suman los aproximadamente 27.500 lanzamientos que se producen cada año.

Estos datos evidencian, a criterio del sindicato, que las administraciones públicas “no estaban cumpliendo adecuadamente con su obligación” de realojar a familias en situación de vulnerabilidad, pues solo se estaba haciendo en el 5% de los casos. También destacó que no se aplica “con eficacia” el mecanismo de compensación a propietarios por rentas no percibidas: de 6.400 solicitudes presentadas (en su mayoría pequeños propietarios), solo 2.850 han sido reconocidas, con miles de expedientes aún en tramitación.

“Se trata de una pésima noticia que va a afectar a miles de personas a las que no se les está dando alternativa. La irresponsabilidad que supone no alcanzar un acuerdo en esta materia es enorme”, aseveró el sindicato dirigido por Unai Sordo.

Tampoco se ha prorrogado el bono social eléctrico, con descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos, ni la prohibición del corte de suministros básicos a estos hogares.

“Aunque desde CCOO venimos denunciando su escasa eficacia —solo en torno al 25% de los hogares que potencialmente podrían acceder a esta ayuda se están beneficiando de ella—, su no aprobación supondrá un duro golpe para los hogares más vulnerables que sí podían acceder a él, que no podrán asumir los costes energéticos de sus viviendas, con graves consecuencias para sus familias, como la imposibilidad de mantener temperaturas saludables en sus hogares”, añadió.

El Real Decreto-ley 2/2026 incluía también medidas sobre financiación local y autonómica con el objeto de garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos y las autonomías, en un contexto de prórroga presupuestaria. Al no actualizarse, CCOO teme que se generarán tensiones “contables relevantes” sobre la tesorería de las administraciones locales y autonómicas, dificultando la garantía de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia o servicios sociales) y el pago a proveedores, con consecuencias para la ciudadanía y las empresas.

Quedan también sin efecto los incentivos fiscales en el IRPF para la rehabilitación energética de viviendas, la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, así como los incentivos en el Impuesto de Sociedades dirigidos a empresas. Se trata de medidas orientadas a la transición ecológica que ahora quedan en suspenso.

Además, el decreto contenía las medidas destinadas a evitar despidos en empresas que reciben ayudas públicas. También se contemplaban exenciones fiscales para las ayudas concedidas con motivo de la dana y los incendios del pasado verano. “Su no aprobación no solo frena el impulso a la rehabilitación energética y a la movilidad sostenible, sino que debilita instrumentos fiscales que buscaban proteger a hogares, trabajadores y empresas en contextos de especial dificultad económica y climática”, zanjó.

Por último, el otro real decreto-ley rechazado pretendía garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. Es decir, evitar “incrementos especulativos” derivados de alteraciones excepcionales de oferta y demanda, protegiendo a los consumidores y en especial aquellos en situaciones de vulnerabilidad, como ha ocurrido con los transportes públicos después de los accidentes ferroviarios.

“Al no haber sido convalidado, continuará permitiendo que los precios de servicios o bienes puedan incrementarse sin límite alguno, en situaciones coyunturales de emergencias o catástrofes, perjudicando con ello a la mayoría de la ciudadanía”, concluyó el sindicato.