Así lo aseguró durante la presentación en Madrid del informe ‘Defendamos la educación pública y a sus profesionales’ el secretario general de la federación, Francisco García Suárez, que muestra que el descenso de la población educativa “está suponiendo un tratamiento diferente en la red pública y la concertada y tiene un efecto más importante en la supresión de aulas en la red pública”.

“Ese descenso demográfico debe ser una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza”, revindicó y pidió que la educación sea “una prioridad en la acción de los gobiernos”, aprovechando la reunión informal de ministros de Educación que estos días se reúnen en Zaragoza en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.

Según los datos que maneja CCOO si el alumnado ha descendido un 7,06% en la red pública desde el curso 2017-2018, se han cerrado un 2,51% de unidades; mientras que en la red concertada ha bajado la población estudiantil de forma similar (-7,45%) pero la clausura de aulas se ha manifestado en una reducción del 0,13%. Esto supone, que hay 202.094 alumnos menos en la red pública, donde se han cerrado 3.490 unidades; y en el ámbito de la educación concertada la población estudiantil ha bajado en 102.265 alumnos, lo que ha provocado el cierre de 72 aulas en toda España.

Según remarcó el sindicato estos datos son mucho más graves en la red pública de etapas como en infantil, primaria y Formación Profesional y en algunas comunidades autónomas. García Suárez remarcó que el “sesgo privatizador” se desataca en el informe más en Andalucía, Madrid y Murcia, que están aprovechando “para recortar” y como “elemento privatizador”.

Según el secretario de Enseñanza, ese déficit de oferta de plazas públicas “empuja a muchas familias a la oferta privada, siempre que se la puedan pagar”. Para García Suarez, esta situación genera exclusión, por lo que llamó a aprovechar la situación para mejorar la calidad educativa y afrontar los “retos” que se derivan de la nueva ley de educación, “con los recursos necesarios en plantillas e inversión educativa”. Asimismo, CCOO insistió en “abordar la negociación necesaria de un Estatuto Docente”.

85.000 PROFESIONALES

Ante esta coyuntura, la organización propuso que “para mejorar la calidad y equidad educativa haría falta un plan plurianual” que incrementase en 85.000 profesionales educativos, “a cuatro años”, para lo que habría que invertir un 0,33% del PIB de 2022, es decir, 4.421 millones de euros. También habría que contratar a 28.000 profesionales de administración y servicios (PAS), especialmente en el ámbito de la enfermería escolar.

Durante la presentación del informe, CCOO también denunció lo que es “un clásico” en la convocatoria de plazas públicas, las plazas que quedan desiertas. Según aseguró, en las oposiciones ordinarias de reposición han quedado sin cubrir el 15.93% de los puestos; en el concurso extraordinario de méritos el 1,21% de las plazas no tienen destinatario; y en las oposiciones de estabilización, que los sindicatos han acordado con el Gobierno, las plazas desiertas son el 0,75%, lo que para el sindicato da una idea de “cuál es el mejor método para el acceso a la fundación pública docente”.