Según informó el sindicato, en junio interpuso las correspondientes demandas ante el Juzgado de lo Social y denunció esta situación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Para la secretaria general de Servicios CCOO PV en la provincia de Alicante, Patricia Carrillo, se trata de “un conflicto entre franquiciado y empresa matriz que ha dejado a las personas trabajadoras de rehenes”.

En este sentido, CCOO explicó que el 31 de mayo recibieron una comunicación de que las tiendas permanecerían cerradas. Sin embargo, dos días después les informaron sobre los horarios de la siguiente semana, un mensaje que fue borrado días después, dejando en una situación de inseguridad jurídica a 11 trabajadores.

El sindicato denunció que “los retrasos en el pago se venían produciendo con cierta frecuencia, hecho que se puso en conocimiento del franquiciador, que no adoptó medida alguna en favor de la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo”. Además, criticó que “la situación no ha mejorado, llegando al punto de continuar de alta en la Seguridad Social, pero sin trabajo efectivo, por lo que no pueden acceder a mecanismos de protección social”.