Según el sindicato, la inspección de transporte centrará sus trabajos para 2023 “en los aspectos que le convienen al CNTC y no al sector, debido a una carencia absoluta de recursos humanos para realizar su labor”.

Así, denunció que el Ministerio “sigue reconociendo únicamente a los grandes empresarios como interlocutores válidos del sector sin permitir la participación de los sindicatos”, por lo que, en consecuencia, “las leyes y los objetivos del Ministerio son fiel reflejo de las directrices del CNTC”.

En este sentido, insistieron en que se han aprobado “leyes a medida del CNTC” como las limitaciones a la carga y la descarga que “no han eliminado la participación de los conductores en estas tareas”, la prohibición de trabajar por debajo de costes, la ampliación a las exenciones de llevar tacógrafo o “el reguero de subvenciones y ayudas al combustible bajo el chantaje del paro patronal”, a lo que se suma “un plan de inspecciones hecho a su medida”.

Asimismo, apuntó que existe “‘dumping’ social” entre las provincias, algo que, a su juicio, queda “patente” en las negociaciones del Acuerdo General del Transporte de Mercancías por Carretera, que “no establece un salario base mínimo y digno para todo el Estado”.

Para CCOO, el plan de inspección debería enfocarse a sancionar a las empresas “que incumplen el reglamento europeo que prohíbe pagar por kilómetro para garantizar la seguridad vial y los accidentes en carretera”, pues, sin embargo, “la mayor parte de las empresas de este país retribuyen a su personal por kilómetro”.

Además, criticó que el personal conductor de vehículos pesados “es el segundo colectivo en número de accidentes mortales en España”, por lo que “mientras la fatiga los mata, el Ministerio se dedicará a vigilar si los empresarios cobran o no lo que otro empresario no les paga”.

En relación con esto, aseveró que las sanciones “irrisorias” por incumplir los tiempos de conducción y descanso “están siendo amortizadas por las empresas con los correspondientes descuentos salariales en algunos casos”. Las personas trabajadoras del sector no importan para el Ministerio y no se merecen ni siquiera opinar en los planes que deberían luchar contra el fraude que soportan”, subrayó.