Según el sindicato denunciante, las sanciones automáticas se imponen de manera desproporcionada y sin una comprobación efectiva de los hechos. “Esta práctica abusiva priva a las personas sancionadas de cualquier garantía real de defensa o posibilidad de aportar pruebas antes de la adopción de decisiones que afecten a su puesto de trabajo”, alertó.

A su juicio, esta vulneración de derechos resulta agravada por el uso de algoritmos “opacos” que condicionan desde la asignación de pedidos hasta la evaluación del rendimiento, situando a la plantilla en un “escenario de indefensión permanente ante decisiones automatizadas y arbitrarias”.

“Lo que estamos denunciando es una forma de actuar sistemática basada en sanciones injustificadas, decisiones automatizadas y ausencia de garantías, que deja a las personas trabajadoras sin capacidad real de defensa. Esta situación no es puntual ni excepcional, sino consecuencia directa de un modelo de organización del trabajo que permite y normaliza el abuso”, avisó el coordinador del sector de Carretera y Logística en la FSC CCOO PV, Jairo Salcedo, quien vinculó estas prácticas con una “estrategia deliberada” para precarizar el sector.

La denuncia detalla además una serie de prácticas empresariales que incluyen descuentos salariales injustificados y cambios unilaterales en los horarios de trabajo. Esta última maniobra resulta especialmente crítica para aquellos empleados que compatibilizan su labor en Glovo con el trabajo en flotas externas, según CCOO.

La Federación argumenta que la empresa modifica los horarios para provocar incumplimientos forzados que impidan a la persona trabajadora acudir a su puesto, utilizando posteriormente dichas ausencias como justificación para ejecutar despidos disciplinarios de forma inmediata, e impedir la generación de antigüedad y la consolidación de derechos laborales básicos.

A la “precariedad” en las condiciones de trabajo, CCOO sumó una “vulneración directa” de la libertad sindical mediante injerencias en los procesos de elecciones sindicales, con “presiones explícitas e implícitas que pretenden silenciar cualquier intento de organización colectiva o defensa de los derechos de la plantilla”. Ante estos hechos, Comisiones Obreras solicitó una actuación urgente por parte de la autoridad laboral para investigar estas prácticas y depurar las responsabilidades pertinentes.

En su escrito de exigencias, la organización sindical reclamó el “fin inmediato de las sanciones arbitrarias” y la devolución de todas las cantidades descontadas indebidamente de las nóminas. Asimismo, exigió una transparencia total en los criterios salariales y disciplinarios que rigen la plataforma, así como el respeto efectivo a la representación legal de los trabajadores de Globo.

Cabe recordar que Glovo ya se enfrentó a importantes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo por no querer cumplir la ‘ley rider’ pactada en 2021 entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. La norma obliga a laboralizar a los repartidores y dejar de recurrir a la figura de los “falsos autónomos”. Finalmente, la empresa accedió a aplicar la norma, aunque los sindicatos siguen denunciando vulneración de derechoslaborales, como es ahora el caso de CCOO de la Comunidad Valenciana.