En un comunicado, el sindicato recordó que, desde el 29 de octubre hasta el 29 de mayo se presentaron 3.339 solicitudes de ERTE por fuerza mayor como consecuencia directa de la dana, afectando a 33.794 personas trabajadoras. El pico de personas perceptoras de estas ayudas se alcanzó entre noviembre y enero, sumando un acumulado de 25.242 beneficiarios hasta el 31 de enero. La práctica totalidad se registró en la provincia de Valencia.

“La figura del ERTE por fuerza mayor resultó ser una herramienta de estabilidad clave, permitiendo gestionar la pérdida de actividad de miles de empresas sin incurrir en despidos masivos”, valoró CCOO PV, que indicó que solo se solicitaron 61 expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectaron a 334 personas.

Sin embargo, CCOO PV considera que no se ha dado todavía la asunción de responsabilidades políticas, “lo que hace muy difícil que la sociedad valenciana pueda pasar página, y mucho más, las personas que han perdido a familiares por una gestión que a todas luces, se ha visto que fue deficiente”. De hecho, añadió que con los mismos protocolos y procedimientos, en alertas posteriores se ha avisado con antelación a la ciudadanía, “porque lo primordial es proteger la vida”.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, destacó que la herida emocional perdurará y apuntó que todavía cientos de personas mayores y con discapacidad siguen sin poder salir de sus hogares debido a que los ascensores de sus edificios continúan fuera de servicio.

“La falta de seguro en algunas comunidades no puede ser la excusa que utilice la Generalitat, porque nuestros impuestos están para eso, para dar la ayuda necesaria a las personas más vulnerables”, apuntaló esta representante sindical.

Además de los problemas de accesibilidad, García manifestó que la situación habitacional sigue siendo “crítica”, con cientos de familias desplazadas de sus viviendas y reubicadas temporalmente. “Las ayudas al pago del alquiler resultan insuficientes ante las enormes dificultades que encuentran para conseguir alquileres asequibles y dignos en sus municipios tras la catástrofe”, ahondó.

Por otra parte, el sindicato alertó del aumento de problemas de salud mental en la población afectada y exigió que se garantice una atención sanitaria suficiente y de calidad para todas las personas. Finalmente, puso en valor que se dieran facilidades de permisos de residencia a las personas migrantes afectadas, al tiempo que demandó que se mejoren los servicios públicos afectados en las zonas arrasadas por la dana.