Como recordó el sindicato, España ya recibió un emplazamiento de la Unión Europea en septiembre de 2022, y el pasado 1 de junio recibió un dictamen motivado de la Comisión dando un plazo de dos meses para llevar a cabo dicha trasposición, que de no hacerse podrá llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para la imposición de sanciones económicas, que pueden ser millonarias.

Esta decisión del Gobierno resulta aún más incomprensible si se considera que la ley que llevaba a cabo la trasposición inició su andadura en septiembre de 2022, y fue dictaminada por el Consejo Económico y Social (CES), por la vía de urgencia, el pasado mes de octubre.

La propuesta de texto del proyecto de ley ha tenido alegaciones de los agentes sociales y, por tanto, para CCOO, “no hay explicación alguna” para que no se haya traspuesto aprovechando el real decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros con múltiples asuntos pendientes. “Conviene resaltar que solo las organizaciones empresariales se han opuesto a su trasposición, pero parece que cuentan con derecho de veto”, denunció el sindicato.Sin embargo dicho Real decreto ley sí traspone, por ejemplo, la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas de empresas, cuyo plazo de trasposición finalizó más tarde –31 de enero de 2023– y para la que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño ni siquiera se ha dignado a solicitar la opinión de las organizaciones sindicales, pese a que debe regular –no sabemos si lo hace– importantes derechos de información y consulta con la representación de las personas trabajadoras en los casos de fusión, escisión o reordenación de empresas que pudieran afectar al empleo y a las condiciones laborales.

La Directiva 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes incorpora importantes mejoras en los derechos de información de las personas trabajadoras sobre las condiciones en las que se debe desarrollar su trabajo, aporta garantías adicionales sobre la previsibilidad de estas y sobre la antelación con la que deben conocerse elementos tan importantes como los días en los que debe desarrollarse la actividad laboral, la jornada de trabajo, la realización de horas complementarias, etc. Además, la citada Directiva limita la duración del período de prueba.

Según CCOO, “una adecuada trasposición de la citada Directiva a la norma legal española es necesaria para reforzar la imposibilidad de que existan contratos a llamada en los que la prestación laboral no está comprometida y depende del mero capricho empresarial cuándo, cuánto y cómo se desarrolla la actividad laboral y para permitir mejorar los derechos de información y de certeza en su jornada, especialmente a las personas con contrato a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres”.

Para CCOO, “resulta absolutamente incomprensible que el Gobierno, contradiciendo su trayectoria anterior, apueste por incumplir la normativa europea –arriesgando multas y sanciones– antes que reconocer derechos a las personas trabajadoras, especialmente a las que mayor incertidumbre y precariedad sufren, todo por dejarse llevar por las presiones patronales”.

Por todo ello, exigió que, con carácter inmediato, y antes de la celebración de las próximas elecciones generales, se proceda a aprobar la trasposición de la citada Directiva, “pues de no ser así nos esperan meses e incertidumbre y, con seguridad, el inicio de sanciones por la Unión Europea”.