“Es necesario”, afirma el sindicato en un comunicado, donde pide responsabilidad a Gobierno, partidos y administraciones públicas para acordar actualizar el modelo vigente y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.

A este respecto, recuerda que el actual modelo lleva caducado desde el año 2014 y se elaboró en unas circunstancias y coyunturas de país que cambian y tienen que ser evaluadas y revisadas periódicamente.

Además, denuncia que “esta actualización no ha sido posible por una situación de polarización y sobreactuación irresponsable que ha impedido hasta hoy alcanzar un acuerdo en la financiación de los servicios públicos fundamentales que prestan las CCAA”.

Sobre la mayor recaudación para las autonomías, valora que el nuevo modelo estima una mejora de 20.975 millones de euros adicionales para 2027, primer año de entrada en vigor, alcanzando un total de 224.507 millones de euros. “Son 72.023 millones más que los 152.484 millones de 2023”, destaca.

Por otro lado, apunta que se ofrece a las comunidades autónomas mayor responsabilidad en la gestión de impuestos, en el sentido de que los ingresos del IRPF y otros impuestos lleguen de manera simultánea a la Administración estatal y autonómica, anticipando el actual sistema de entregas a cuenta.

Para CCOO, la mejora de la financiación incrementa la equidad en la medida en que afecta a todas las comunidades de régimen común, siendo las principales beneficiarias en el aumento nominal de financiación Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha.

Otro efecto valorado por el sindicato es la reducción de las “brechas históricas” de infrafinanciación que venían sufriendo, por citar algunas, la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Murcia, que mejoran su financiación en más de un 15%, siendo con ello las más favorecidas en términos de financiación ajustada por habitante.

EVITAR “REGALOS FISCALES”

En concreto, las diferencias de financiación por habitante entre comunidades, según datos del Ministerio de Hacienda, pasarán de 1.500 euros con el modelo actual a 700 euros con el modelo propuesto. A su vez, la cláusula de statu quo garantizará que ninguna comunidad pierda financiación respecto al anterior modelo.

Esto protege, según indica CCOO, a las comunidades autónomas que están mejor financiadas por el actual sistema, que mantendrán y mejorarán también su situación, evitando que el nuevo sistema suponga una reducción de recursos.

Por último, expresa su preocupación por la posibilidad de que la mejora de la financiación a las comunidades autónomas se destine a “regalos fiscales”, como viene ocurriendo en algunas comunidades en los últimos años, provocando con ello situaciones de “dumping fiscal”. En este sentido, pide una armonización de las legislaciones fiscales autonómicas.