“La condicionalidad social de la PAC es uno de los logros sociales más importantes de la última legislatura de la Unión Europea”, explicó CCOO en una misiva dirigida a ambos ministerios. En ella, instó a ambos ministerios a que la defiendan, ante la “creciente presión” de los sectores “más reaccionarios y de las patronales que pretenden desmantelarla”.

Solo en 2024 se pusieron en España trescientas sanciones a quienes incumplieron la normativa en materia de derechos laborales. “La condicionalidad social es justa, proporcionada y necesaria”, afirma el escrito, que resalta que “contribuye a proteger a las personas trabajadoras; a garantizar una competencia leal entre los y las agricultoras; a reforzar la confianza de la ciudadanía en la PAC y a hacer que el sector agrícola europeo sea más atractivo, sostenible y competitivo”.

En la carta también se afirma que la mejora de las condiciones de trabajo del sector debe ser una prioridad estratégica. Si la condicionalidad social se aplica, se apunta en el texto, se puede contribuir “de forma significativa” a mejorar las normas laborales. Además, apoya a las empresas responsables que sí respetan la legislación y que se enfrentan a la competencia desleal.