Este sindicato considera insuficiente este texto, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 10 de julio, porque "no tiene en cuenta los aspectos sociales" y, concretamente, el empleo.

A juicio de CCOO, se trata de una reforma que traslada la responsabilidad de transponer en el ordenamiento jurídico la directiva a las comunidades autónomas, que son las que ostentan las principales competencias, y facilita que las comunidades puedan establecer, si lo justifican con transparencia, el tamaño de superficie a partir del cual desarrollar un procedimiento de autorización.

Serán las comunidades, también, responsables de asumir las sanciones que puedan causar su regulación ante la Unión Europea, si no respetan la directiva.

Por ello, para el sindicato "parece necesario que, por la trascendencia de la materia, deberían mencionarse expresamente todas las razones de interés general que admite la directiva".

Finalmente, en opinión de CCOO, el modelo de comercio que España necesita tendría que priorizar el comercio de proximidad, las economías de escala y diversidad de formatos.