CCOO propone, además, que el Parlamento apruebe una Ley para realizar el traspaso de la gestión, con el objetivo de establecer un sistema transparente de privatización.

La central sindical presentó un decálogo de peticiones, en el que solicta que exista una coordinación de la gestión empresarial desde las cabeceras de los grupos públicos "para conseguir una gestión integrada y la posiblidad de cometir internacionalmente".

CCOO pide que se realice un estudio de las empresas a privatizar para conocer su situación real y sus mercados y, añade, la ampliación de la participación de los trabajadores a los Consejos de Administración de todas las empresas públicas donde exista una posición de dominio sobre la gestión.

Por último, señala que el Gobierno debería comprometerse a asumir la deuda histórica del Instituto Nacional de Industria (INI), ampliar las competencias de la Agencia Industrial y qe la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) contase con una opción de compra preferente.

A su juicio el proceso privatizador, que no debe suponer una merma en el servicio público prefernete, debe tener como objetivo aprovechar la capacidad inversora para la generación de empleo estable.