El sindicato calificó de “absolutamente inadmisible” que el Gobierno aborde “de manera bilateral y sectorial” esta cuestión con un solo colectivo, cuando se trata de una realidad que afecta a todo el personal sujeto al régimen de clases pasivas.

Frente a sus críticas al Ejecutivo, CCOO manifestó que comparte las reivindicaciones de los agentes para poder acceder a mejores pensiones de jubilación.

CCOO señaló que, según la información conocida, la Secretaría de Estado de Seguridad ha planteado una nueva metodología de cálculo dirigida a incrementar sustancialmente los haberes reguladores de los Grupos A1, A2 y C1, aplicables a estos colectivos, que alcanzarían al personal integrado en clases pasivas. El sindicato también lamentó que esta negociación se encuentre en recta final, con una reunión prevista para el 11 de noviembre, sin que hayan trascendido las conversaciones previas.

Los haberes reguladores no solo son de aplicación a policías nacionales y guardias civiles que accedieron a la función pública antes del 1 de enero de 2011, sino también a todos los colectivos de personal funcionario, como los cuerpos de la Administración de Justicia, de la Administración General del Estado, del sector docente o del sector postal.

CCOO recordó que, en enero de 2026, se situó en el debate público la mejora de las pensiones de clases pasivas entre sus prioridades para el desarrollo del Acuerdo marco, y se constituyó en julio un Grupo de trabajo específico de Mutualismo y Clases Pasivas, con el compromiso incumplido de reunirse en septiembre.

El sindicato consideró urgente que se celebre esa reunión y que las negociaciones se puedan cerrar antes de final de año, en la línea preacordada por el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

CCOO dirigió un escrito a la Secretaría de Estado de Función Pública para exigir que cualquier modificación que afecte a los elementos estructurales del Régimen de clases pasivas sea negociada con carácter general en el grupo de trabajo y resulte aplicable, en condiciones de igualdad, al conjunto del personal funcionario incluido en ese régimen.