Según explicó CCOO a través de un comunicado con motivo de la aprobación de la regularización, la gestión de este procedimiento debe abordarse con “planteamientos necesarios de dotación de recursos humanos y materiales”.

Asimismo, advirtió de que las externalizaciones suponen “un deterioro constante del servicio público”, por lo que los fondos del Estado deberían destinarse a “mejorar las condiciones de trabajo de las plantillas de la Administración General del Estado”.

El sindicato considera que facilitar la documentación a personas que ya residen en España es un ejercicio de responsabilidad y realismo político, ya que permitirá aflorar empleo que hasta ahora se realizaba en la economía sumergida, garantizando derechos laborales y cotizaciones que beneficiarán tanto a las personas regularizadas como al conjunto de la sociedad.

No obstante, CCOO exigió al Gobierno estar “a la altura” del proceso, dotando a las administraciones competentes -especialmente a Extranjería- de los recursos humanos y materiales necesarios. El sindicato denunció que la citada falta estructural de medios ya está generando conflictos laborales y puede poner en riesgo la agilidad, transparencia y correcta aplicación de los requisitos del proceso.

Igualmente, el sindicato reafirmó su apoyo el proceso, ofreciéndose a dar información y gestión especializada y gratuita de las solicitudes, tanto de forma presencial como telemática. El sindicato subrayó que el objetivo compartido es reducir al máximo la irregularidad administrativa, normalizar la situación laboral de miles de personas y favorecer su inclusión social.