El TJUE consideró que las medidas previstas en España para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público no resultan conformes con el Derecho de la UE.

También recordó que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho interno y señaló que será el Tribunal Supremo el que deba apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan de forma debida la utilización abusiva de los contratos temporales sucesivos en el sector público.

CCOO pidió prudencia a la hora de interpretar la sentencia, si bien avanzó que ya se pueden extraer “algunas conclusiones relevantes”, como que el TJUE reiteró que corresponde a los órganos judiciales nacionales apreciar y declarar, en cada caso concreto y en función de las circunstancias de la persona afectada, si ha existido abuso o fraude en la utilización de la temporalidad.

En segundo lugar, el TJUE resaltó la insuficiente trasposición al Derecho interno español de la directiva correspondiente y del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, al considerar que las medidas existentes no garantizan una respuesta real frente al abuso.

En cuanto a los procesos de estabilización, si bien son legítimos como vía de ordenación del empleo público, el TJUE insistió en que “no constituyen por sí mismos una sanción adecuada frente al abuso”.

“Se trata de procedimientos abiertos, sometidos a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, en los que puede concurrir cualquier aspirante, haya sufrido o no abuso en la temporalidad”, recordó CCOO, y añadió que “esos procesos no reparan por sí solos la situación padecida por la persona temporal abusada”.

CCOO añadió que la sentencia del TJUE vuelve a dejar en entredicho la insuficiencia de la indemnización tasada de 20 días por año con el límite de una anualidad, al no incorporar un verdadero elemento sancionador vinculado específicamente al abuso producido.

Pese a este análisis preliminar de la sentencia, el sindicato subrayó que “el TJUE no impone de forma automática la fijeza como solución general ni afirma que esa sea la única respuesta posible”.

La conversión en fijo aparece en la jurisprudencia europea como una posibilidad cuando no existan en el ordenamiento interno otras medidas adecuadas para sancionar el abuso, pero no como una declaración directa e inmediata aplicable sin más. Por ello, CCOO trasladó una propuesta de reforma del despido a la mesa del diálogo social que debe acabar con los sistemas de abuso de la temporalidad y modificar el régimen indemnizatorio.

“Desde CCOO, insistimos en la necesidad de actuar con rigor y sin precipitación. Habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales. Será esa doctrina la que determine el alcance real del pronunciamiento europeo dentro del marco constitucional y legal español”, concluyó el sindicato.