El sindicato concluyó que el acuerdo marca “la senda para avanzar en nuevos derechos y garantías”, como expresó en un comunicado, y ofrece garantías para seguir profundizando en las condiciones de trabajo y salariales y en la prestación de servicios públicos esenciales.

No obstante, CCOO advirtió de que estará vigilante al cumplimiento de este acuerdo, así como de los compromisos de materias pendientes del anterior, firmado en 2022 y vigente hasta 2024.

En este sentido, recordaron que el propio texto contempla la creación de una comisión de seguimiento para el análisis y desarrollo de todas las medidas, y apuntó que debe constituirse en las próximas semanas.

El Consejo Confederal agradeció el esfuerzo negociador de sus representantes durante las conversaciones con Función Pública, que han servido para que el texto final “recoja medidas necesarias, positivas, y compromisos de cumplimiento”.

El acuerdo alcanzado la semana pasada selló un incremento del 11% entre 2025 y 2028, aunque podría llegar hasta el 11,4% por el efecto arrastre.

Los trabajadores públicos recibirán un incremento del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos. En 2026, tendrán una subida del 1,5%, a la que se sumará un 0,5% si el IPC es igual o superior al 1,5%. Fuentes de Función Pública dan por hecho que esa variable se cumplirá, ya que las proyecciones de inflación para ese año se sitúan, como mínimo, en el 1,7%.

Los salarios de los empleados públicos se revalorizarán un 4,5% en 2027 y añadirán un 2% en 2028.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de este martes el real decreto para permitir el abono retroactivo del pago correspondiente a 2025 y la actualización de 2026.