En un comunicado conjunto, las dos organizaciones no se pronunciaron sobre las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros y se limitaron a señalar que analizarán el texto concreto y, si les satisface, defenderán que los grupos los convaliden en el parlamento.

Sí que afean al Gobierno que las medidas se hayan dividido en dos normas en lugar de aglutinarlas en un solo real decreto-ley.

CCOO y UGT consideraron que las medidas son resultado de “una fuerte demanda social para poner fin al fenómeno absolutamente incontrolado de especulación inmobiliaria”.

Un primer real decreto-ley contiene medidas como la paralización temporal de las compras especulativas de vivienda por parte de los denominados ‘fondos buitre’, la modificación de la fiscalidad de las socimis para orientar su inversión hacia la vivienda asequible y la regulación del alquiler de temporada y habitacional.

Además, incorpora un IVA del 10% para los pisos turísticos, deducciones fiscales para inquilinos con ingresos inferiores a unos 33.000 euros y una línea de préstamos hipotecarios al 0% para familias sin ahorros.

Un segundo real decreto-ley está centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una medida acordada por PSOE y Sumar que parte con más dificultades para convalidarse que el primer bloque de medidas.