Según denuncian ambos sindicatos en un comunicado conjunto, “el uso unilateral de la fuerza militar contra un Estado soberano supone una grave vulneración del derecho internacional y de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas”.

Además, advirtieron de que “este tipo de acciones, al margen de los mecanismos multilaterales y del sistema de Naciones Unidas, debilitan el orden internacional basado en normas, erosionan la legalidad internacional y ponen en riesgo la estabilidad regional y global”.

“La injerencia militar no contribuye a la resolución de los conflictos ni a la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora de Venezuela, sino que agrava las tensiones y el sufrimiento de la población civil”, añadieron.

Por ello, concluyen que “la operación bélica de hoy, que ha sido precedida por meses de despliegue militar en la zona, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y la supuesta complicidad de Maduro, realmente es la invasión imperialista de un Estado soberano para hacerse con el petróleo y los recursos venezolanos, y el regreso del relato de que América Latina y el Caribe son el patio trasero de Estados Unidos”.

“Las dificultades económicas, sociales y laborales que atraviesa Venezuela deben ser abordadas mediante soluciones políticas, diálogo social y procesos soberanos, sin presiones externas ni intervenciones armadas. La defensa de los derechos humanos, del trabajo decente y de la democracia no puede hacerse desde la guerra ni desde la imposición”, sentenciaron.